Por Edwin A. Vegas Gallo
Del 30 de noviembre al 12 de diciembre próximos se celebrará en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU), la Vigésima Octava Conferencia Anual de Naciones Unidas (COP 28), sobre el clima en el mundo. Cumbre a la que asistirán líderes de 198 Estados; entre otros; el Papa Francisco, quien con su exhortación apostólica LAUDATE DEUM, en la filosofía de Francisco de Asís, nos invita a cambiar nuestro estilo de vida egoísta e insolidario. en pro de una naturaleza que sea de utilidad mancomunada para las generaciones actuales y futuras.
Esta COP 28, desde su génesis, ha estado en el ojo de la tormenta política, con su presidente Ahmed Al Jaber, ministro de Industria de los EAU, quien es el director ejecutivo de la mayor empresa petrolera y gasífera de los EAU, que aboga por la producción de los combustibles fósiles, aparte del historial restrictivo del país, en materia de los derechos humanos.
Esta COP 28, más allá de las restricciones democráticas del país anfitrión, esperemos sea un foro científico primero, para la decisión política después, con respeto a los derechos humanos, de la expresión libre, a la manifestación pacífica de los pueblos nativos y sociedad civil, afectados por este súbito cambio del clima, propiciado por acción directa e indirecta de las actividades humanas.
Para América Latina y el Caribe (ALC), que solo invierte el 0.18% de su PIB, en una clamorosa falta de voluntad política para la transición energética, en la lucha contra el cambio climático y con más de 1.18 millones de desplazados climáticos (Brasil es el país con mayores desplazados) y de cara a esta COP 28, la Universidad de las Américas Puebla, México (UDLAP), puso a prueba el Índice Global de Impunidad Ambiental (IGIA), con 52 indicadores, para los 33 países de ALC, analizando lo que están haciendo aquellos “para mitigar el cambio climático y facilitar el acceso a la justicia ambiental, en una “justicia con la naturaleza”, no de aquella, emanada de los operadores de la judicatura; que debe ser profesional y libre de la corrupción; sino de la justicia desde la perspectiva de la ecología política, en el entendido de “darle a cada cual lo suyo” o sea la justicia distributiva, en el derecho de cada persona a no morir de hambre, a tener vivienda, trabajo digno con remuneración acorde y desde luego a no ser discriminado por diferencias étnicas, religiosas, de género o políticas.
El estudio IGIA pasa por operacionalizar la problemática de la justicia ambiental, por la implementación de las políticas ambientales internacionales, nacionales; reconociendo el “derecho humano a un ambiente sano, limpio y sostenible; tal como se reclama con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Escazú o los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y el Panel Internacional sobre la Biodiversidad.
El objetivo del IGIA es que los países latinoamericanos y caribeños, tracen su hoja de ruta para la “optimización de políticas públicas con justicia ambiental. Los resultados muestran que los países latinoamericanos tienen un índice promedio de 54.86 (sobre un máximo de 64.76 a un mínimo de 46.09). Hay que recordar que la impunidad está asociada con la falta de representatividad del Estado y con la corrupción.
El Perú está en ese promedio, con un desempeño de impunidad ambiental intermedio; concordando este índice, con el Indicador de Performance Ambiental (IPA), del Centro Yale para la Política y la Ley Ambiental, en que de 180 países ocupa la posición 101.
Este IPA trabaja con 40 indicadores distribuidos en 11 temas, agregados en tres objetivos de política: Cambio climático, salud ambiental y vitalidad de los sistemas biológicos.
Analizando el ranking del objetivo del cambio climático; si bien es cierto, Perú, se caracteriza por una contribución nacional histórica contemporánea mínima (0.4%), a la emisión de gases invernadero a la atmósfera, también no es menos cierto, que enfrenta un mayor nivel de riesgo y vulnerabilidad; el país esta en la posición 125 global y en el puesto 26 de los 33 países de ALC, antecediendo a Nicaragua, Guatemala y Haití.
Estas cifras no hacen más que confirmar el pobre desempeño político del ministerio del Ambiente, en que ni siquiera puede consensuar con el ministerio de Energía y Minas, quién se opone tenazmente a la creación de la Reserva Marina Tropical del mar de Grau, en su afán absurdo y negligente, que con la creación de la Reserva se impediría la actividad extractiva del hidrocarburo y gas, desconociendo que se puede conciliar con Programa de Manejo Costero adecuado.
En áreas marinas protegidas, Perú está en falta, ya que ni siquiera llega al 10% de protección como lo exige los convenios internacionales, más aún con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que es un delito que ocurre en nuestro mar, constituyendo Flujo Financiero Ilícito, alejado de la Organización Mundial de Comercio, con empresas e individuos ya identificados ante la inacción de los ministerios de Defensa, Produce y Relaciones Exteriores.
Ni que decir del tema de la Amazonía peruana, que sólo con la deforestación por la ilegal e informal minería ha destrozado en Madre de Dios 23 mil hectáreas, entre 2021-2023, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, afectando territorios de diez comunidades nativas y las zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri; ante la pasividad de las ministras del Ambiente, Agricultura y Cultura; aparte de los problemas de amenaza que tienen los fiscales ambientales.
Ni que decir de las 4501 especies de árboles, mayormente del dominio amazónico, que tiene el Perú (cifra de Botanic Gardens Conservation International), de las cuales 786 especies están amenazadas (17%) por la actividad humana ilegal, acentuando la sabanización de la Amazonía.
La posición peruana en la COP 28, pasa por señalar que el Congreso de la República bloqueó la ratificación del Acuerdo de Escazú y que a la fecha hay impunidad en los crímenes de los defensores ambientales amazónicos.
En relación a la Educación en cambio climático, ha tenido que pasar 30 años para que el Consejo Nacional de Educación, involucre al ministerio del Ambiente para fortalecer a aquella, en la idea de permitir que el ministerio de Educación desarrolle habilidades para la acción climática en la edad escolar, movilizando a maestras, maestros y estudiantes como Esperanza (15 años) de Huancavelica, quién participó en la Convención de Naciones Unidas sobre el Niño, que formuló la Observación 26, para la defensa de los niños ante el cambio climático y que el Congreso peruano debiera recogerla con fuerza de Ley.
Hubiera sido interesante que ante la COP 28, el gobierno peruano haya institucionalizado la Defensoría de las Generaciones Futuras.
Asimismo hubiera sido altamente positivo para la posición peruana en la Cumbre de Dubai, que en base al Informe del Relator Especial (Ian Fry) sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, demostrar que el gobierno peruano ha incorporado criterios de derechos humanos en la legislación sobre cambio climático y en la misma Constitución, en estricta aplicación del principio de equidad intergeneracional y su evolución hacia la justicia intergeneracional.
Es de esperar que en esta COP 28, los Derechos Humanos invocados en los litigios climáticos, tales como el “derecho a la vida, la libertad (no la libertaria), la dignidad, la propiedad, el agua potable, la alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado (con energía disipada inútilmente a la atmósfera), provean a la humanidad y en particular a Perú de mecanismos institucionales, que hagan posible la conservación de la materia y energía, para la conservación de la naturaleza.
