Por Mariana Mould de Pease
Las epidemias pueden cambiar el curso de la historia dice David Cook, historiador de la demografía andina. Desde China los medios de comunicación nos dicen que se expande por el mundo una enfermedad desconocida que viene con una letalidad alta y una facilidad de transmisión rápida.
Vivimos tiempos revueltos es así que desde el 27 de marzo pasado tenemos una norma legal que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 que -inesperadamente- incluyó temas y asuntos relacionados con nuestro patrimonio cultural:
La ley N° 31011 en su artículo 8 dice: En materia de bienes y servicios para la población, con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos, gestión interna de residuos sólidos, la continuidad de la cadena logística y sus actividades conexas, los servicios esenciales y los derechos de los consumidores y usuarios, durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, la reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios durante o como producto de la emergencia, y la preservación del patrimonio cultural de la nación.
En los más de cien días de aislamiento social la comunicación virtual nos informa como se está desenvolviendo el manejo político gubernamental de esta pandemia y como emerge la subsecuente “reconstrucción con cambios” de todo el Perú, no solo del Norte. En este panorama asomó la peculiar manera que desde abril del 2018 hasta mayo del 2020 tuvo el Ministerio de Cultura de `motivar’ su personal cual fuera su especialidad y rango en su organigrama. El precio pagado por este `servicio cultural’ estaba por encima de lo que se paga a las y los `animadores culturales´. Cuando entra en remisión este ‘escándalo mediático cultural´ viene el momento de pensar a modo virtual cómo puede el sector estatal de cultura enmendar éste generalizado mal proceder gubernamental dado que el vergonzoso caso Richard Swing Cisneros ha demostrado que trasciende a ministros y ministras.
En la nueva normalidad como se dice en España o en la reactivación económica como se dice por aquí los artistas, así como las y los antropólogos, arqueólogos, archivistas, bibliotecólogos, historiadores, literatos, museólogos y museógrafos, así como abogados y economistas entre otras profesiones humanistas y sociales tienen una función clave para revertir este degradante entendimiento de la ‘actividad cultural´. Ellos y ellas pueden cambiar el curso de la historia del patrimonio cultural peruano si cuando aceptan trabajar en el Ministerio de Cultura desde las más altas esferas hasta los primeros peldaños de este sector estatal asumen que deben decir NO a quienes mandan culturalmente en nuestro país cuando es evidente que algo está mal.
Proceder así es tarea difícil porque nos quedamos sin trabajo remunerado y también sin el derecho, por ejemplo, a desguazar el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre para armar el irregular Museo Nacional de Arqueología en Pachacamac. Este caso comenzó en agosto del 2013 y sigue avanzando sin que el Presidente de la República se atreva a cuestionar por qué separar museológica y museográficamente la arqueología de la historia y de la antropología peruana.
En la soledad de estos tiempos revueltos veo que esta separación acarrea un incalculable costo para el magro presupuesto del sector público -estatal bajo autoridad gubernamental- de cultura. Por el bien común peruano apelo a la responsabilidad individual del presidente Martín Vizcarra para cambiar el curso museístico y museográfico de la asignación del dinero que el Erario Nacional otorga a la política económica cultural y la creatividad peruana hará posible que el desarrollo con identidad surja de esta pandemia.
