Opinión

“El paradójico logro: Cárceles peruanas libres de analfabetismo, ¿y los 3 millones de analfabetos fuera de ellas?

Lee la columna de Jorge Paredes Terry

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Por Jorge Paredes Terry

“El Ministro de Justicia anuncia con pompa la erradicación del analfabetismo en las
cárceles, mientras millones de peruanos siguen sin acceso a la educación”.


El anuncio del titular de la cartera de Justicia, ante la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Congreso debe indignarnos, el Ministro en mención declaró que su cartera ha logrado eliminar el analfabetismo entre los reclusos de todo el país. Sin embargo, esta noticia contrasta dramáticamente con la realidad exterior, donde más de 3 millones de peruanos siguen sin saber leer ni escribir.
“Es un logro sin precedentes”, afirmó el Ministro. “Nuestros esfuerzos por brindar educación a los reclusos han dado frutos. Ahora, todos pueden leer y escribir”. Pero, ¿qué pasa con los millones de peruanos que viven fuera de las cárceles y que aún no tienen acceso a la educación básica?

La ironía es palpable. Mientras los delincuentes disfrutan de programas de alfabetización y educación, muchos ciudadanos respetuosos de la ley siguen sin tener oportunidades para aprender. “Es como si los delincuentes tuvieran más derecho a la educación que los ciudadanos honestos”.

Este logro también plantea preguntas sobre la priorización de recursos. ¿Por qué se ha
podido erradicar el analfabetismo en las cárceles, pero no se ha logrado hacer lo mismo en las comunidades más vulnerables del país? La respuesta puede estar en la falta de inversión en educación y en la falta de políticas efectivas para abordar el problema.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que el Perú tiene una de las tasas de analfabetismo más altas de América Latina. Esto no solo afecta la calidad de vida de los individuos, sino que también limita el desarrollo económico y social del país.

En lugar de celebrar este logro, deberíamos cuestionar la justicia social y la equidad en
la distribución de recursos. ¿Por qué los delincuentes tienen acceso a la educación y
no los ciudadanos que más lo necesitan? Es hora de replantear las prioridades y trabajar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

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