El negocio de la ‘privatización de las cárceles’: presos convertidos en mercancía

El sistema penitenciario peruano es un reflejo del colapso institucional del Estado. Sumido en el hacinamiento, la corrupción estructural y una ineficiencia crónica, los penales del país se han convertido en verdaderos «resorts del crimen», espacios donde las reglas del Estado de derecho son fácilmente reemplazadas por sobornos, jerarquías mafiosas y abandono. Las cárceles, lejos de cumplir su función de rehabilitación, operan como “escuelas del delito”, sostenidas por una cadena de negligencia institucional que ignora la permanente “desactivación de los protocolos de seguridad”.

La situación es alarmante. Tomemos como ejemplo el penal de Lurigancho, el más grande del país y uno de los más sobrepoblados de América Latina. Inaugurado hace 51 años para una capacidad máxima de 3,200 reclusos, hoy alberga cerca de 10,000 internos. Es decir, una superpoblación de 190%. Algo indecible, que solo puede ocurrir en Perú. Este nivel de hacinamiento convierte a los penales en focos de violencia, tráfico de drogas, extorsión y fugas, como la reciente huida del interno venezolano John Kennedy Javier Sebastián, quien escapó de Lurigancho escalando un muro sin ser detenido por el personal penitenciario. ¿Es esta la señal definitiva del colapso del INPE?

Frente a esta crisis y ante la presión mediática, el Gobierno de Dina Boluarte ha optado por una medida polémica: la privatización de las cárceles. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció el 30 de abril ante la Comisión de Justicia del Congreso que se emitirá un decreto de urgencia para permitir la participación del sector privado en la gestión penitenciaria. Se argumenta que la intención es mejorar la infraestructura, implementar modelos de rehabilitación más eficaces y descongestionar los penales. Pero ¿es realmente la privatización la solución?

El mito del ahorro

Uno de los principales argumentos a favor de las cárceles privadas es que supuestamente resultan más baratas para el Estado. La lógica parece simple: las empresas privadas operan con mayor eficiencia, tercerizan servicios, construyen más rápido y se deshacen del pesado aparato burocrático estatal. Sin embargo, esa premisa se desmorona ante la evidencia internacional.

Estudios en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia han demostrado que los supuestos ahorros desaparecen cuando se consideran todos los costos reales: formación del personal, programas de rehabilitación, supervisión estatal, seguridad y administración. Además, los contratos con operadores privados suelen incluir cláusulas que aseguran altos pagos en todos los servicios.

Un informe del Departamento de Justicia en Estados Unidos, reveló que los presos en cárceles privadas sufren más incidentes violentos y tienen menor acceso a programas de reinserción. En Gran Bretaña, la compañía G4S —encargada de operar varios centros penitenciarios— fue acusada por negligencia grave en la gestión de seguridad. En tanto, surge una conclusión preocupante: las cárceles privadas definitivamente no son más baratas y muchas veces son peores que las estatales.

¿Lucro o rehabilitación?

Privatizar, implica necesariamente introducir una lógica comercial de mercado en un servicio que debería estar guiado por los ‘principios de justicia’ y ‘derechos humanos’. Entonces surge la pregunta: ¿puede una empresa privada cuya finalidad es el lucro, estar realmente comprometida con la rehabilitación del interno?

La experiencia demuestra que no. En la lógica crematística-empresarial, reducir costos y maximizar las ganancias quizá implique recortar en personal capacitado, en alimentación, en salud mental o en programas educativos. Y si mantener las cárceles llenas garantiza mayor rentabilidad y lucro, entonces hay un incentivo perverso que contradice los objetivos de resocialización.

A ello se suma un factor adicional en el caso peruano: la débil capacidad del Estado para regular y fiscalizar. En un país donde el control estatal es frágil, con instituciones penetradas por la corrupción y sin sistemas eficientes de auditoría, ¿quién garantiza que las cárceles privadas no se conviertan en un negocio más, sin rendición de cuentas?

El verdadero problema

La raíz del problema penitenciario no está solo en la infraestructura, sino en la corrupción sistémica que permea todos los niveles del Estado. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta la Policía Nacional, pasando por funcionarios de justicia y contratistas privados, existe una red informal que mantiene operativas estas “cárceles del crimen” a través del soborno, la inacción y el desgobierno.

El verdadero debate no debería centrarse en si privatizar o no, sino en cómo reconstruir las instituciones públicas. Lo que Perú necesita es una reforma penitenciaria integral, que incluya inversión en infraestructura, profesionalización del personal penitenciario, políticas efectivas de rehabilitación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar la corrupción.

En ese contexto, una posible salida podría ser un modelo mixto de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado mantenga el control y la regulación, mientras que el sector privado se encargue de aspectos técnicos o logísticos. Pero esto solo funcionaría si existe un aparato estatal fuerte, transparente y con capacidad real de fiscalización. Hoy, ese no es el caso, porque la institucionalidad en el Perú se ha convertido en una “pita tan débil que se rompe todos los días”.

Privatizar las cárceles en el Perú no es la solución mágica que algunos prometen. En un país con instituciones debilitadas, donde el lucro y la coima suelen imponerse al interés público, la privatización puede terminar siendo más cara, menos humana y significativamente ineficaz. El camino tendrá que ser otro. Es exigible reforzar el Estado, combatir la corrupción y repensar el sistema penitenciario desde sus cimientos. Sin embargo, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, ya se ha vuelto una mala costumbre, imponer paliativos, en lugar de tratar y resolver los problemas de fondo.