En el Perú vivimos una inseguridad ciudadana y regional endémica, porque desde hace décadas, la incertidumbre que generaron, el terrorismo, la delincuencia común, el tráfico de drogas, y luego el sicariato, el marcaje y el surgimiento de los raqueteros, ha logrado hermanarse con otros sentimientos encontrados, como el miedo, el desasosiego y la zozobra.
No obstante, cada vez que vemos una campaña presidencial, congresal y municipal, somos testigos de pura demagogia y de ofrecimientos verborreicos, que anuncian y prometen que atacarán la delincuencia en todas sus magnitudes; a pesar que no sustentan cómo ejecutarán esa ficticia lucha.
Lo cierto es que, luego de alcanzar el sillón presidencial, una curul y/o el sillón municipal, los elegidos se olvidan de sus ofrecimientos, porque ya no necesitan de los votos que pidieron durante campaña.
En tanto, esa falta de empatía mostrada por autoridades recientemente elegidas, obedece a un descompromiso, e incluso, desprecio por todo lo que esté lejos de sus “esferas de confort”, porque generalmente, esta casta, pernocta en zonas plagadas de cobertura policial y de serenazgos que son designados para “patrullarlos” exclusivamente. Y eso sin contar que, en algunos casos, gozan de tranqueras o rejas de seguridad que impiden el paso vehicular y el reglaje, etc.
Entonces, como gozan del privilegio de obtener una total cobertura de seguridad, prefieren ensimismarse en su “burbuja” y pierden toda perspectiva, porque no detectan que en el “mundo exterior” a su entorno, es decir, en las periferias, existe una ola de violencia y criminalidad implacables.
Sin embargo, eso es problema ajeno, y cada quien se defiende como puede.
Recordemos, que el exministro del Interior, Daniel Urresti, cuando fue gerente de Seguridad de la municipalidad de Los Olivos, en 2019, fue atacado por un grupo de desadaptados con piedras y palos cuando fiscalizaba a los ambulantes en la avenida Antúnez de Mayolo. Es decir, si un gerente de seguridad de un gobierno local que patrulla con su equipo humano, terminó ensangrentado; ¿imagínense qué pasaría con un civil común?
Por su parte, el Ministerio del Interior, más allá de articular una política pública concreta, que ordene a la Policía cumplir con su rol de patrullar las calles y disuadir a la criminalidad, se ha convertido en una escuela política que utiliza a los generales y a otros altos oficiales para incentivarlos a que se alejen de su comando y pierdan su mística como verdaderos policías que se deben a la comunidad.
Atrás quedaron las frases: “El policía es tu amigo”, y nos da nostalgia cuando recordamos a la benemérita Guardia Civil que con pasión se encargaba del orden público, a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) que realizaba impecables investigaciones y a la propia Guardia Republicana que controlaba los penales y resguardaba las fronteras; no obstante, luego llegó la fallida unificación de las tres Fuerzas Policiales, gracias al expresidente Alan García, y los valerosos policías, en adelante, se convirtieron en PNP.
Posteriormente, durante el régimen humalista surgieron iniciativas que quedaron en el papel, como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), cuyos proyectos de seguridad hasta hoy no dan resultados.
Mientras se daban estos desaciertos, los medios de comunicación y las cofradías caviares, inventaron a los gurús de la seguridad, y los publicitaron como los grandes expertos en la materia; sin embargo, esos personajes nunca hicieron nada por la seguridad nacional y tuvieron resultados nulos en sus gestiones ministeriales; me refiero a Gino Costa, Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío y a otro espécimen que le encanta dar tips de seguridad en los programas televisivos, él se llama Ricardo Valdés Cavassa.
Ellos, han sabido “capitalizar” el rubro de la seguridad para vivir del Estado y fortalecer el beneficio propio, a través de asesorías bien pagadas, como acaba de hacerlo recientemente Fernando Rospigliosi, gracias al partido Fuerza Popular y que a través de su empresa FRC Consultores, cobró la suma de S/ 180,000 soles, en plena pandemia, mientras miles de peruanos se quedaban sin empleo y la economía nacional seguía quebrada.
En resumidas cuentas, a nadie le interesa que el país esté seguro; porque mantener el statu quo inseguro, es más beneficioso para generar negocio.
Bien dicen que: en rio revuelto, ganancia de pescadores, y por eso, en plena pandemia, durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, se aprovechó la turbulencia sanitaria para hacer oscuros negocios gubernamentales, en complicidad con algunos grupos empresariales.
Y en seguridad es lo mismo. ¿Acaso es casualidad que ninguna autoridad emprenda una lucha frontal contra la inseguridad nacional? como dice el estribillo de la salsa del gran Frankie: ¿Cuál es el negocio?
La seguridad en nuestro país, más allá de ser un problema nacional, se ha convertido en un gran negocio, porque genera consumos millonarios, como el uso de la tecnología en alarmas inteligentes y sensores de movimiento, cámaras de video en tiempo real y otros sistemas inteligentes; además, de servicios de abonados a reacciones inmediatas a través de agiles motorizados. El incremento de la demanda en la adquisición de armas de fuego para la seguridad personal, así como un gran despliegue de armas no letales.
El traslado de valores en vehículos blindados no se queda atrás y es considerado uno de los servicios más costosos; así como la cobertura de hombres de seguridad privada para resguardar instalaciones y para la protección personal, que también es una de las más onerosas.
Finalmente, surge la pregunta ¿A quiénes les conviene el gran negocio de la seguridad? ¿Acaso, el lobby llegó a este “rubro”?
Honestamente, la Policía Nacional no está cumpliendo su rol de patrullar la ciudad de forma sostenida y de cautelar el orden público. Se requiere más efectivos policiales en las calles. Es exigible que el Ejecutivo a través del Mininter declare en emergencia al país y la seguridad nacional y que, a través del MEF, destine un presupuesto adicional para dotación de vehículos, logística, uniformes y armamento para la institución policial. No obstante, vivimos en una dicotomía de poderes e instituciones, que, de modo esquizofrénico, por un lado, anuncian un plan de seguridad… y por otro, lo desbaratan inmediatamente.
