El escenario universitario peruano enfrenta uno de sus momentos más delicados en la Universidad Nacional Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB). En el corazón del problema se encuentra la denuncia de estudiantes y organizaciones de base que acusan al congresista Segundo Montalvo Cubas, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, de presunto tráfico de influencias. Según los estudiantes, las acciones del congresista de la bancada de Perú Libre han contribuido al cambio arbitrario de la Comisión Organizadora de la universidad, lo que consideran un golpe directo a la estabilidad institucional.
Este conflicto tiene su origen en la reciente Resolución Viceministerial Nº 144-2024-MINEDU, mediante la cual el Viceministerio de Educación reorganizó la comisión organizadora de la UNIFSLB. Este cambio ha generado un rechazo masivo, principalmente porque los estudiantes respaldaban la gestión del Dr. José Emmanuel Cruz de la Cruz, quien lideraba la universidad con un enfoque que buscaba fortalecer la autonomía y el desarrollo académico.
Sin embargo, detrás de este movimiento, surgen preocupaciones legítimas sobre el interés de grupos externos, como el sindicato de docentes universitarios, que —según denuncian los estudiantes— busca modificar los estatutos para consolidar una única facultad, limitando así la pluralidad académica.
La situación toma un cariz más preocupante cuando entran en juego presuntos intereses políticos. Los manifestantes señalan al congresista Montalvo como un actor clave en este reordenamiento, aludiendo a que podría estar utilizando su posición para influir en decisiones administrativas de la universidad en beneficio de agendas particulares. Esto plantea interrogantes urgentes sobre la ética y la transparencia en la educación superior, una esfera que debería mantenerse apartada de intereses partidarios.
Además, los estudiantes exigen una investigación a profundidad sobre docentes procesados por presuntos actos de corrupción, un tema que evidencia la necesidad de un sistema universitario basado en la rendición de cuentas y la integridad.
Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles han declarado una huelga indefinida y organizado un plantón, una clara muestra de la indignación y la frustración frente a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.
Es imperativo que la Sunedu tome cartas en el asunto para garantizar que las universidades públicas, especialmente las interculturales, cumplan con su misión de servir a las comunidades más vulnerables. La Comisión de Educación del Congreso no debe servir para presuntos tráficos de influencia.
(Columna publicada en Diario UNO)
