Por Aníbal Mamani
En Telegram, los bots están facilitando el tráfico ilegal de información personal a gran escala. A cambio de una pequeña suma, generalmente entre 10 y 20 soles, cualquier persona puede obtener créditos para realizar 100, 200 o 500 consultas a datos sensibles de peruanos extraídos directamente de la RENIEC. Un bot es un asistente virtual automatizado que opera dentro de plataformas como Telegram, permitiendo la realización de tareas sin intervención humana, lo que ofrece anonimato tanto a los delincuentes como a los usuarios.
Estos bots, que se presentan como «agentes de justicia», prometen ayudar a vengarse de estafadores o encontrar personas perdidas. Sin embargo, su objetivo real es mucho más oscuro. Los suscriptores pueden acceder a información como números de DNI, antecedentes policiales, fotos, árboles genealógicos, entre otros. Además, ofrecen servicios ilegales como la anulación de deudas y la falsificación de notas para aprobar la secundaria en los registros del Ministerio de Educación.
El sistema de pago utilizado es igualmente problemático. Los pagos se realizan mediante billeteras digitales como Yape o Plin, facilitando transacciones anónimas. En la mayoría de los casos, estos pagos se hacen a cuentas vinculadas a personas de provincias, fallecidas o números de celular robados, lo que dificulta el rastreo de los responsables. Durante la temporada navideña pasada, los bots ofrecieron paquetes especiales. Por 50 soles, los suscriptores podían acceder de manera ilimitada a información personal durante toda una semana, incluyendo datos de personas de otros países, como Venezuela. Esto estaba dirigido a quienes buscaban grandes cantidades de datos rápidamente.
El rastreo de estos grupos es complicado, ya que los operadores utilizan VPN y servicios de extracción de datos en paraísos digitales como Panamá, Rusia e Irán, países con leyes débiles en ciberseguridad. Esto dificulta la identificación y localización de los responsables. A pesar de los esfuerzos de la DIVINDAT de la PNP, la evasión de los delincuentes y su anonimato siguen dificultando las investigaciones.
Es urgente que las autoridades implementen medidas más estrictas y fomenten la cooperación internacional para rastrear a los responsables de este creciente mercado negro de datos. El Congreso debe priorizar este tema, en lugar de distraerse con asuntos irrelevantes y populistas.
