Por Felipe Gutiérrez
(CEO Concertum)
No existe proyecto minero, energético o de hidrocarburos que no tenga que lidiar con un paquete de requisitos, estudios, evaluaciones y permiso complejo, burocrático y desalentador, que hace que nuestro país figure en los últimos lugares de los rankings de competitividad en esa materia. Tanto el excesivo e innecesario rigor de las exigencias como la poca predictibilidad de los pronunciamientos de las autoridades y la desesperante demora y dilación en los trámites, convierten las actividades extractivas y productivas FORMALES en general, en un vía crucis que no se condice con la imperiosa necesidad de inversión privada, crecimiento y empleo del país.
Pero en adición a esa barrera administrativa, los proyectos y actividades extractivas deben enfrentar la oposición combativa, férrea y muchas veces delictiva de grupos sociales de activistas anti-mineros y anti-extractivos que añaden un grave factor de desaliento y reducción de la competitividad que, al igual que en el caso de los permisos, el estado y las autoridades públicas no solo no combaten sino, permiten y a veces fomentan de una manera autodestructiva y muy perjudicial.
Si algún ciudadano despistado pero agresivo quiere tomar violentamente un negocio o una propiedad privada en el ámbito urbano, utilizando bloqueos, secuestros, usurpaciones o simple violencia, el Estado de derecho generará una rápida reacción punitiva y restablecerá la normalidad jurídica. Pero si lo hace en un campamento minero, instalación productiva u operación, relacionadas con la minería o los hidrocarburos, en locaciones rurales, de seguro no será procesado como la ley manda y logrará sus oscuros e ilegales propósitos de paralizar actividades, extorsionar funcionarios y generar diálogos “horizontales” en los que el Estado no impone las reglas legales y, lo que es peor, induce a los actores privados a conceder prestaciones y beneficios a quienes atentaron contra su propiedad y su inversión.
Esta perniciosa situación, que es transversal a gobiernos de diversa orientación, no sería posible sin el lobbying de diversas ONGs, ideólogos de izquierda, activistas ambientales, activistas pro-derechos de comunidades indígenas y un largo etcétera, que han logrado posicionar políticas y modos de pensar y de actuar, muchas veces ilegales y muy perjudiciales, bajo la cobertura de supuestas causas nobles. Así los delitos flagrantes —que no se parecen en nada a una legítima protesta social— son convertidos en actos heroicos y reivindicadores y la acción del Estado como la “criminalización de la protesta social”.
Hay que combatir ese lobbying con otro que defienda las ideas de un Estado de derecho y una economía de mercado sanos.
