El juicio a Pedro Castillo: ¿Realmente un Golpe de Estado?

Por: Guido Bellido

En Perú, los golpes de Estado han marcado la historia política, desde intervenciones militares hasta acciones civiles. Un caso emblemático es el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, cuando disolvió el Congreso y el Poder Judicial para imponer la Constitución de 1993, considerada ilegítima por algunos debido a su aprobación en un referéndum cuestionado. A pesar de la gravedad de este acto, Fujimori no fue condenado por el golpe, sino por delitos posteriores relacionados con violaciones a los derechos humanos.

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó un acto similar al anunciar, en un mensaje a la nación, la disolución del Congreso y la creación de un “gobierno de excepción”. Sin embargo, su intento fracasó rápidamente al no contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional ni su propio gabinete. El Congreso lo destituyó por “incapacidad moral permanente” con 101 votos a favor, y Castillo fue detenido mientras intentaba llegar a la embajada de México.

Actualmente, Castillo enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público, con una solicitud fiscal de 34 años de prisión. Según el Código Penal peruano, el delito de rebelión (artículo 346) implica “tomar las armas” para alterar el orden constitucional, con penas de 10 a 20 años. No obstante, algunos juristas argumentan que las acciones de Castillo no cumplen este requisito, ya que no hubo movilización armada, lo que podría reducir la pena a entre 5 y 10 años por tentativa, o incluso clasificar el acto como un “delito imposible” al carecer de medios para ejecutarse.

El proceso judicial ha generado controversia por presuntas irregularidades y falta de imparcialidad. Castillo alega que su detención violó su inmunidad presidencial y que su destitución no respetó el debido proceso. Su defensa sostiene que el mensaje a la nación fue un acto meramente declarativo, sin consecuencias materiales, y cuestiona la proporcionalidad de la pena solicitada. Por otro lado, la fiscalía presenta pruebas como testimonios y documentos que sugieren intentos de coordinación con exministros y oficiales, aunque no se ha demostrado una acción armada concreta.

Este caso pone a prueba la imparcialidad del Poder Judicial peruano. Irregularidades en el proceso podrían llevar a que el caso sea revisado por instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectando la reputación del país. Mientras tanto, el juicio, iniciado en marzo de 2025, sigue generando debate sobre si Castillo debe enfrentar el proceso en libertad, dada la falta de daño concreto, y si su destitución cumplió con los principios constitucionales.

El desenlace del juicio será crucial para la democracia peruana. El Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar transparencia y corregir posibles abusos, garantizando un proceso justo que refleje el compromiso del país con el estado de derecho.