Pese a proclamar una “amplísima vocación de renuncia”, Gustavo Adrianzén se aferra al cargo en la PCM con el cinismo de quien cree que quedarse es inofensivo. Su salida, dice, no acabaría con el crimen, pero su permanencia tampoco aporta solución alguna. Su continuidad no solo es inútil: es un insulto a un país harto de discursos vacíos y líderes sin honor.
En un país sacudido por el crimen organizado, donde las balas ya no distinguen entre mineros, comerciantes o ciudadanos de a pie, el aún premier Gustavo Adrianzén Olaya ha demostrado que su promesa de “amplísima vocación de renuncia” es, en la práctica, una declaración vacía, embustera y hasta traidora. Actualmente, cuatro mociones de censura que más parecen “apariencias parlamentarias” pesan sobre él, pero ninguna lo mueve del sillón del Ejecutivo. Su justificación: irse no resolvería la inseguridad ciudadana. Como si quedarse sí lo hiciera.
En conferencia de prensa, Adrianzén afirmó con solemnidad que abandonaría el cargo si eso ayudara a erradicar el crimen. Lo dijo justo después de la masacre en Pataz, donde 13 trabajadores fueron asesinados. Frente a ese horror, su único aporte fue un tibio llamado a la unidad y colaboración entre poderes del Estado. ¿Dónde están las medidas concretas? ¿Dónde la acción real?
Gustavo Adrianzén defendió incondicionalmente a la mandataria y menosprecia encuesta que da 3 % de aprobación a gestión de Dina Boluarte.
El premier, más preocupado por evitar la confrontación con el Congreso que por enfrentar a las mafias, pide «diálogo político y responsabilidad», mientras el país entero se sumerge en una espiral de miedo. La falta de liderazgo y respuesta efectiva del Gobierno de Dina Boluarte es realmente alarmante e insostenible; sin embargo, Adrianzén Olaya insiste en aferrarse a un cargo que, por sus propias palabras, está dispuesto a dejar. Por lo visto, la vocación de servicio solo queda en el discurso, sencillamente porque esta gente carece de todo honor.
Peor aún, en medio del escándalo por el injustificado aumento de sueldo presidencial, Adrianzén salió a blindar como siempre a Dina Boluarte. Negó tajantemente que la mandataria haya solicitado el incremento y deslindó responsabilidades, apuntando al Ministerio de Economía (MEF) y a Servir. Pero los peruanos no olvidan: este no es su primer acto de servilismo.
En 2015, como ministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, Adrianzén cumplió con la oscura consigna de remover a la procuradora Julia Príncipe, quien investigaba a la hoy fugitiva Nadine Heredia. Tras consumar el “encargo”, renunció y desapareció del escenario político. Ahora, casi una década después, vuelve como el fiel escudero de Boluarte Zegarra, repitiendo el mismo libreto de sumisión.
Un vasallo de Nadine convertido en Premier.
Gustavo Adrianzén no es nuevo en el arte de sostener gobiernos oscuros y cuestionados. Su resistencia a irse no es por compromiso con el país, sino por “complicidades políticas” que hoy huelen a encubrimiento. Su permanencia en el cargo no solo es insostenible, es una afrenta a una ciudadanía hastiada que solo exige resultados y no discursos de baja estofa.