En el Perú, desde el inicio de la República, las relaciones sociales, políticas y económicas se configuraron a partir de los remanentes del colonialismo y el régimen estamentario y semifeudal.
Además, la falta de una élite que pudiera implementar un proyecto nacional hegemónico integrador y funcional, entre otros factores, estableció formas violentas de relación entre peruanos expresadas a través de una profunda entre peruanos expresadas a través de una profunda discriminación, inequidad de oportunidades, injusticia, pobreza, clasismo, racismo, impunidad, etcétera.
La sociedad peruana contemporánea registra claramente este hito: antes de la barbarie del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso (PCP-SL) y después de la primera derrota de esta organización criminal. El mencionado movimiento subversivo terrorista significa una amenaza fundamentalista que tiene como fin la completa desestructuración del Estado peruano.
Con la primera derrota de Sendero Luminoso (SL), la eliminación del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), otro de los movimientos subversivos; el retorno y alternancia de los gobiernos democráticos y los esfuerzos por fortalecer las instituciones públicas en una democracia, el Perú entró a un periodo de post-conflicto.
Es importante señalar que en el período de celebración del Bicentenario de la Independencia nos encontramos en un proceso de reconstrucción nacional y el grado de violencia presente antes, durante y después del conflicto armado interno sigue marcando las relaciones sociales entre peruanos.
Asimismo, la expresión de la violencia social ha trascendido los esfuerzos, muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por fortalecer instituciones públicas que lleguen a todo el país para construir por primera vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas.
En el informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) considera que “la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada” contra el Estado peruano que restauraba su democracia a través de las elecciones, siendo ésta la forma en la que elegimos a nuestros gobernantes.
La CVR responsabiliza al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso (PCP-SL) ser “el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas”. El PCP-SL fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales que se reportaron a la institución. El mencionado Partido Comunista de Perú es responsable del caso excepcional de los grupos subversivos del Perú y América Latina y singularidad del proceso histórico que ha analizado la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) comprobó que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso había desplegado “extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar”. La CVR también ha encontrado que el PCP-SL fue contra las tendencias históricas del país y la variabilidad en las tendencias históricas de fecundidad. “Poniendo en práctica una férrea voluntad política, se expresó como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas que no conquistó el apoyo duradero de sectores importantes de peruanos”.
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y CIBERTERRORISMO
Es importante mencionar que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son violencia y atenta contra los DDHH siendo la modalidad de violación de los derechos humanos más extendida en el Perú, el Estado peruano ha realizado acciones insuficientes para prevenirla y sancionarla. En consecuencia, la distinción entre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes parece ser una cuestión de intensidad que será objeto de apreciación en cada caso particular. La apreciación de esa intensidad o dolor debe interpretarse, en opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos, a la luz del momento, que podría rechazar prácticas anteriormente toleradas y aceptadas.
En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subrayó la importancia del derecho a reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación de las víctimas de la tortura. El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de la ONU proclamó el 26 de junio como una forma de sensibilizar respecto del derecho de reparación de las víctimas de este crimen contra la humanidad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De igual forma, la Convención Contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 contribuye a que los Estados parte trabajen a favor de la abolición de la tortura.
Cabe destacar que la reciente obra pionera “El experimento de Daniel Alcides Carrión” de la Revista Médica Carriónica, órgano de expresión científica del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) señala sobre la tortura del control mental: “Control mental es un proceso reductivo en el que un hombre se reduce a un animal o máquina. El control mental ha sido intentado a través de la historia de diferentes formas, la violencia física o la religión, algunos gobiernos han estado obsesionados con el control mental y sus técnicas, en especial, los tendientes al fascismo, como los nazis.
En la actualidad, el control mental puede ser desarrollado con neurotecnología invasiva, implantes, microchips o nanobots cerebrales. El gobierno de los Estados Unidos ha negado la existencia de un programa de armas de control mental, sin embargo la existencia de tecnología capaz de crearla sugiere la existencia de un programa de armas de control mental clasificado”.
Defendamos los derechos humanos en todos los rincones del Perú.
