Por Luis Alfonso Morey
Varios grupos económicos que apoyaron a Keiko Fujimori, a Hernando de Soto y a Rafael López Aliaga llevan a cabo una millonaria e ininterrumpida campaña mediática contra el nuevo gobierno con el objeto de desestabilizarlo y cuyo propósito final es derrocar al Presidente Castillo. Necesitan 87 votos y no los tienen. Hay planes intermedios que pasan por interpelar a diversos ministros, copar el gabinete y doblegar al Presidente para seguir haciendo lo de siempre. Quieren tener un Presidente de rodillas y a su servicio. Quieren un sirviente, no un Presidente. No lo respetan. Lo desprecian y lo dicen a diario por televisión. Una minoría con mucho poder económico que se siente “dueña del Perú” lo consideran un ser inferior. Para nadie es un secreto que en nuestro país el racismo y el clasismo están en todas partes y que quien se rebela contra eso es automáticamente catalogado como revolucionario.
El Presidente Castillo dijo la verdad cuando señaló que en el Perú existen corruptos para la exportación. Olvidó señalar a los principales responsables de la corrupción: esos grandes corruptores que en complicidad con funcionarios convirtieron al Estado en su chacra o en una extensión de sus divisiones corporativas. Amplios sectores del gobierno están copados por una burocracia vinculada a los oligopolios y a esos grupos económicos y por funcionarios que no sirven al país sino a sus verdaderos patrones: esos grupos que pusieron al Estado al servicio de sus intereses, no de los intereses del país. Solamente así se explica la inacción del Estado en situaciones de evidente abuso de posición de dominio y los maltratos que se cometen a diario contra los consumidores. Clínicas buitre que cobraron millonarias sumas en los momentos en los que sus clientes-pacientes requerían más ayuda, cadenas de farmacias que multiplicaron los precios y una banca que tiene los intereses más altos de la región. Es verdad que existen empresarios socialmente responsables, esos que cumplen con la ley, esos que pagan y no eluden sus impuestos y que invierten sus ganancias en el Perú. Y están las corporaciones que cumplen con los más altos estándares en materia social y ambiental. Este es el momento en el que den el ejemplo y demuestren que se puede contribuir a que el nuevo gobierno tenga éxito.
Ha llegado la hora de exigir un comportamiento corporativo responsable de verdad y de exigir la extirpación de las mafias que han hecho lo que han querido con el Estado peruano. Una institución clave para erradicar las malas prácticas es el Indecopi. Indecopi debe hacer respetar los derechos de los consumidores y promover una economía con un mercado cada vez más competitivo.
En el Perú debemos preservar la propiedad privada, promover la competencia y sancionar las malas prácticas, especialmente el abuso de la posición de dominio.
Esperamos que la nueva administración gubernamental enfrente a ese sector que quiere mantener privilegios y que sigue abusando de la ciudadanía.
El Perú tiene todavía un sistema mercantilista corrupto que no le hace bien a la economía. Lamentablemente Indecopi ha hecho muy poco contra situaciones de abuso de posición de dominio y se ha puesto del lado muchas veces de grandes corporaciones con posiciones de dominio y no de lado de los consumidores, a quienes se debe.
Parece haber llegado la hora para que Indecopi se desvincule totalmente de esas malas corporaciones que durante mucho tiempo han controlado la institución.
