Por Edwin A. Vegas Gallo
Desde el mismo momento que se dio la ley del licenciamiento Sunedu y la del investigador, las universidades nacionales, privadas; salvo honrosas excepciones de universidades públicas y particulares, así como honrosos investigadores científicos de naturaleza por convicción y con sapiencia académica; salieron a la cosecha (compra y venta) de investigaciones e investigadores, con publicaciones en revistas científicas registradas y reconocidas internacionalmente. (El sueño del identificador propio SCOPUS o el registro mundial de científicos, caro anhelo de querer estar cueste lo que cueste).
Para esto último, los “investigadores” no escatimaron esfuerzos monetarios y acudieron a mafias nacionales e internacionales, expertas en hacer “investigadores científicos” de la noche a la mañana, con la complacencia y la vista gorda de la Sunedu (que en el expediente del licenciamiento sólo hacía un check lista de los “investigadores” y sus “investigaciones científicas”; con lo cual su licenciamiento se viene abajo); de las mismas universidades comprometidas con sus vice rectorados de investigación, que sólo querían cumplir con el indicador mínimo (minimorum) de calidad referido a la investigación y, ni que decir con el CONCYTEC que con la sucesión de sus presidentes: Orjeda, León-Velarde y Marticorena, han regalado a manos llenas como si fuera su dinero, el préstamo de 250 millones de dólares a “investigadores” RENACYT (Registro que califica como investigador).
Huelga decir que el Concytec tenía conocimiento de esta fábrica de “articulitis” y no hizo nada, dizque no tenían dispositivo legal apropiado.
Asimismo, hay que decir que los biólogos congresistas: Edward Málaga y Ernesto Bustamante, sabían de este embuste “científico” y tampoco hicieron nada por revertir la situación, en supina complicidad.
Resulta que ahora con el escándalo, al descubierto, todos se lavan las manos. Marticorena, presidente encargado del CONCYTEC, por más de 4 años, señala “que el primer filtro de la responsabilidad pasa por las universidades” y que pronto aprobarán un código de integridad científico y un reglamento de sanciones, cuando ese embuste era de su conocimiento desde antes de la pandemia.
Las universidades comprometidas con este embuste, presurosas emiten comunicados, curándose en salud expulsando a los “investigadores bamba”, después de haberse licenciado con esos trabajos embusteros.
Por decoro, Benjamín Marticorena, debe dar un paso al costado, caso contrario, exigirle al presidente Otárola, de la PCM, lo cese por el descalabro en que aquél ha permitido la deshonra de la ciencia peruana.
Se necesita de una auditoría del registro nacional de investigadores de ciencia y tecnología y para ello no se necesitan leyes ni reglamentos de integridad científica, ni nada por el estilo. Basta y sobra con que las universidades, el Concytec y la Sunedu se enmarquen en la ley y sus estatutos y no hagan tabla rasa de aquello.
