Revisando el decreto publicado, resulta en gran parte similar al texto aprobado en primera votación por el Congreso en mayo de este año. Es saludable que se haya retirado el ignominioso artículo censor sobre las obras “que vulneren o no respeten el ordenamiento jurídico peruano y los reglamentos de la presente Ley”, pero resta todavía una explicación satisfactoria sobre su inclusión, pues hasta hace muy poco los funcionarios del Ministerio de Cultura seguían insistiendo que era por presiones del MEF, que sin embargo ahora desparecieron porque la propia titular de esa cartera firma el decreto. Queda la gran interrogante que si algunos, muy pocos, no advertíamos publica y reiteradamente sobre este peligro en su momento, hubiera seguido en el texto final, con el aval cómplice de los gremios que también se quedaron mudos al respecto. En lo demás se mantiene el porcentaje del 30%, con posibilidad hasta el 40, del presupuesto para el cine regional, así como los artículos que delegan en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes una serie de potestades y atribuciones para el otorgamiento de estímulos por concursos o directos, así como en cuanto a los apoyos económicos provenientes de donaciones. Todos estos puntos agregados a última hora en el texto sustitutorio, así como lo referente a las donaciones que puedan ser deducidas hasta un máximo de 10% como gasto para efecto del impuesto a la renta, que según el propio exministro Petrozzi permitiría estimular la producción de un cine más comercial.
Por supuesto no hay nada sobre cuota de pantalla o mínimo de mantenimiento, reduciéndose todo el complejo tema de la distribución y exhibición a la obligatoriedad de suscribir contratos entre las partes, que no son iguales, y obviando que por su propia naturaleza jurídica, en un régimen de libre mercado, estos no pueden ser obligados sino de libre acuerdo entre los que lo suscriben. También, como lo habíamos advertido varias veces, para las películas peruanas se ha dejado de lado el porcentaje mínimo de técnicos y artistas nacionales, que ahora solo se glosa como “mayoritariamente”. Y el artículo sobre los archivos audiovisuales, que revela el nulo interés sobre el tema al nombrar lo que cuenta actualmente el Ministerio como “Cinemateca Peruana” sin dotarlo de capacidad de gestión y presupuesto básico, y dejando de la lado la propuesta de Cinemateca Nacional de la propia Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, considerada por este gobierno, y con la misma firma del Presidente Vizcarra, como uno de los proyectos emblemáticos en cultura para el bicentenario (Decreto Supremo N| 009-2018-MC).
Estos son algunos de los varios puntos en la norma aprobada que hubieran ameritado un debate más amplio y transparente que no se dio, y no se quiso dar, como si la democracia fuera un estorbo para la cultura.
Muchos saludarán con entusiasmo que habrá más dinero y con ello más obras, lo que es cierto, y enhorabuena, pero no olvidemos que el cine no es solamente un asunto de realizadores sino en especial del público y la población al que va dirigido, y si las películas no llegan a ellos en las mejores condiciones, de muy poco valdrá tanto esfuerzo.