Son conocidos y vox populi los últimos escándalos de corrupción, de la mano con investigaciones, acusaciones fiscales y procesos penales en marcha contra expresidentes de la República, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, incluso funcionarios públicos, algunos miembros del Poder Judicial e incluso de la PNP, que son casos individuales pero que mancillan la imagen de las instituciones.
Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos tienen un costo social elevadísimo. Y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, porque el saqueo de las arcas públicas impide que se puedan realizar obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación, justicia y seguridad.
La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. Las cifras de la corrupción son espeluznantes. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017) (https://tinyurl.com/58nfdkar), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción.
El documento estableció que cada día se pierden 10 millones de dólares por actos de corrupción en el Perú, o su equivalente a 10% del presupuesto nacional por año. Sólo el año 2022, este flagelo le costó al Estado más de 24 mil millones de soles, de acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República. El 56% (13,721 millones) fue ocasionado por las regiones y las municipalidades y el 44% (10,696 millones) por el Gobierno Nacional. Es decir, los que pagan el costo social de la corrupción son los «peruanos de a pie», los ciudadanos anónimos que día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus hijos.
De acuerdo con el cálculo de la corrupción e inconducta funcional elaborado por el observatorio de la Contraloría General de la República, la pérdida representa una incidencia del 13,4% del presupuesto devengado del año pasado, en el ámbito nacional. En términos absolutos, el perjuicio fue mayor, en el 2021 llegó a 24, 262 millones de soles, y en el 2022 se elevó a 24, 419 millones de soles.
En el 2022, el perjuicio económico se presenta en el rubro de inversión (obras), con una incidencia de aproximadamente 16,8% (7, 945 millones de soles), seguido por bienes y servicios con 12,8% (6, 523 millones) y otros con 11,9% (9, 950 millones).
La finalidad del informe de la Contraloría General es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control. También exhortar a los funcionarios y servidores a cambiar esta situación que afecta al desarrollo económico y social de la población, principalmente de los sectores más vulnerables, ya que se dejan de ejecutar obras y servicios sustanciales.
“Si reflexionamos sobre los efectos de la corrupción, con los recursos públicos perdidos [más de 24,000 millones de soles], se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que en la actualidad afecta a millones de peruanos”, expresó el contralor de la República, Nelson Shack.
Obviamente este es dinero que se le está robando al bolsillo de los propios peruanos. Según estadísticas del Banco Mundial, el dinero expoliado por los funcionarios delincuenciales representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) de cada país.
Todo este dinero, que termina en las alforjas de las organizaciones criminales, debería destinarse a inversiones en materia de salud pública, educación, infraestructura vial y eléctrica, saneamiento, becas para estudiantes, desarrollo del deporte y demás aspectos que beneficien a la sociedad.
Ahora que nos gobiernan los candidatos del comunismo que ofrecieron como expresa el pueblo «el oro y el moro», es necesario analizar, pensar, escuchar las propuestas y ejercer nuestra ciudadanía de manera consciente. Solo así podremos derrotar al fantasma de la corrupción.
