En diciembre pasado (09 dic. 2020) se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas desde hace más de diecisiete años. Esta fecha fue creada para generar conciencia sobre las consecuencias y magnitud de los daños que ocasiona este delito en la economía, gobierno, empresa y sociedad en su conjunto. El año pasado, el mensaje se enfocó en reducir los riesgos de la mala administración y corrupción durante la pandemia mundial del Covid-19, siendo el lema “Recuperación con Integridad”.
Perú arrastra un historial de corrupción que nos clasifica como un país con niveles altos de corrupción en América Latina de acuerdo con el Índice mundial de percepción de la corrupción (IPC) para 2019. Según este estudio, ocupamos el puesto 101 de un total de ciento ochenta (180) economías. Y es que si de cifras se trata, en el 2019 se perdió más de 23 mil millones de soles por corrupción, a través de sobrevaloraciones, pagos injustificados, entre otros según lo estimado por la Contraloría General de la República mediante un informe publicado en septiembre del 2020. Esta cifra del costo de la corrupción en el Perú representa aproximadamente el 15% del Presupuesto Público y alrededor del 3% del PBI del país.
Con ese dinero podríamos cubrir el presupuesto del sector Salud, triplicar la partida destinada a la Reconstrucción por el Fenómeno del Niño, comprar e implementar doce (12) plantas de oxígeno para cada distrito del Perú para enfrentar la pandemia del Covid-19 o repartir un bono de 718 soles a cada uno de los 32 millones de peruanos.
Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos tienen un costo social elevadísimo. Y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, porque el saqueo de las arcas públicas impide que se puedan realizar obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación, justicia y seguridad.
Son conocidos y vox populi los últimos escándalos de corrupción, de la mano con investigaciones, acusaciones fiscales y procesos penales en marcha contra expresidentes de la República, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, incluso funcionarios públicos, algunos miembros del Poder Judicial e incluso de la PNP, que son casos individuales pero que mancillan la imagen de las instituciones.
La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. Las cifras de la corrupción son espeluznantes. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción.
El documento estableció que cada día se pierden 10 millones de dólares por actos de corrupción en el Perú, o su equivalente a 10% del presupuesto nacional por año. Sólo el año 2019, este flagelo le costó al Estado más de 23 mil millones de soles, de acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República. Es decir, los que pagan el costo social de la corrupción son los «peruanos de a pie», los ciudadanos anónimos que día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus hijos.
Obviamente este es dinero que se le está robando al bolsillo de los propios peruanos. Según estadísticas del Banco Mundial, el dinero expoliado por los funcionarios delincuenciales representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) de cada país.
Todo este dinero, que termina en las alforjas de las organizaciones criminales, debería destinarse a inversiones en materia de salud pública, educación, infraestructura vial y eléctrica, saneamiento, becas para estudiantes, desarrollo del deporte y demás aspectos que beneficien a la sociedad.
Ahora que empieza otra vez el desfile de candidatos presidenciales que ofrecen «el oro y el moro», es necesario analizar, pensar, escuchar las propuestas y ejercer nuestra ciudadanía de manera consciente. Solo así podremos derrotar al fantasma de la corrupción.
(*) Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director de Editorial Río Negro.
