Como por obra del destino o la buena fortuna las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno dejaron de funcionar el día 9 de agosto, horas antes de que se diera la intervención de los fiscales para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, según información de Latina.
Se trata de un informe de la oficina de Análisis dirigido a la Casa Militar -escrito por el jefe de la Casa Militar, José Mariscal Quiroz– el cual reporta que han perdido información de tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno del pasado 9 de agosto. Estas corresponden a los ambientes del ingreso de Desamparados, el Salón Dorado, y la azotea de Palacio (avenida Áncash y avenida Carabaya).
Como se recuerda el día de la detención, las autoridades no pudieron hallar a Paredes Navarro en Palacio de Gobierno ni es su domicilio en Cajamarca. Ella misma se entregó al día siguiente al Ministerio Público. Es investigada por el supuesto delito de organización criminal.
El Equipo Especial contra la corrupción del poder había solicitado al Poder Judicial, sin éxito, que se ordene la entrega de las filmaciones de las cámaras de Palacio de Gobierno, a fin de determinar si la cuñada del presidente estaba presente al momento de la intervención.
Sin embargo, la Municipalidad de Lima ha anunciado que sí hará entrega de sus cámaras desplegadas en el centro histórico. Por esta investigación, el jefe de Estado Pedro Castillo también es investigado por el supuesto líder de esta supuesta organización criminal.
PJ rechaza habeas corpus presentado a favor de Yenifer Paredes
Por otro lado, el Poder Judicial (PJ), a través del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, rechazó el habeas corpus presentado a favor de la hermana menos de la primera dama Lilia Paredes, para revertir la detención preliminar por 10 días que pesa sobre Yenifer Paredes, debido a su participación en el presunto delito de organización criminal dentro del Gobierno.
El ciudadano arequipeño, Julio Jove Vilca, solicitó, no solo que la orden ante Paredes Navarro sea revertida, sino que se le exija a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a que pague una indemnización de S/ 100 millones, alegando a que se le detuvo a la “hija” del mandatario “sin haberse comprobado los supuestos delitos que se le atribuyen”.
El recurso ya había sido descartado hace una semana por el juez John Paredes Salas, y ha vuelto a ser rechazado, pues “se basa en hechos ‘inverificables’ debido a que la orden de detención proviene de un Juzgado de Investigación Preparatoria, y no del organismo del cual la fiscal Benavides es la máxima autoridad, es decir el Ministerio Público.