Alberto Fujimori otra vez hace historia. El pasado lunes 17 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori y restableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017. (https://tinyurl.com/mrybj4y4)
Fujimori, quien todavía está recluido en el penal de Barbadillo está próximo a obtener su libertad, y esto incomoda a muchos, y han salido a mentir para (sin esperanzas) revertir la decisión. Y es falso que esta sentencia del TC lo declara inocente, pues los altos magistrados sólo restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad.
En mi opinión, su condena fue injusta, porque él jamás cometió ni ejecutó los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cuyos autores están ya sentenciados. Se esgrime el falaz argumento de que cometió crímenes de lesa humanidad, porque el propio juez César San Martín, que lo sentenció a 25 años de cárcel, ha señalado que el expresidente “nunca fue condenado por delitos de lesa humanidad”, tal como se han encargado sus odiadores de propalarlo en los distintos medios de comunicación (https://tinyurl.com/5amv8f5n).
En buena cuenta, se ha hecho justicia, porque se trata de un “indulto humanitario” a una persona de más de ochenta años y con grave enfermedad. Frente a la maquinaria de falacias, medias verdades y rencor e inquina a granel por parte de la izquierda radical, las oenegés caviares y personas desorientadas en el estudio de la Historia del Perú, esta sentencia les ha caído como un baldazo de agua fría.
El Dr. César Nakasaki, abogado de Fujimori, ha dicho que el TC actuó de manera correcta al restablecer los efectos del indulto humanitario a favor del exmandatario Alberto Fujimori y rechazó que se trate de un tema de impunidad, ya que el deterioro de la salud del expresidente es evidente y que se ha agravado la enfermedad que motivó la solicitud del indulto, un problema en el corazón. (https://tinyurl.com/jjnyy7a7).
El abogado que presentó el hábeas corpus para que el expresidente Alberto Fujimori salga en libertad, ha solicitado al Poder Judicial de Ica –mediante un documento presentado el 23 de marzo– que se envíe un oficio al director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del penal de Barbadillo para que le den libertad al exmandatario.
El abogado Gregorio Parco Alarcón dirigió la carta a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ica donde se puede leer: “(…) habiéndose resuelto la demanda en el Tribunal Constitucional. Mediante sentencia plenaria se cumpla con lo ejecutoriado, se oficie en el día al director del INPE del penal de Barbadillo a fin de que se le otorgue la inmediata libertad” del exmandatario.
“La resolución ya está notificada a nivel de Lima, pero el Tribunal Constitucional, como órgano superior máximo, no hace el oficio de libertad, se tiene que hacer cuando el expediente regrese a Ica y el juez de Ica tiene que sacar el oficio de liberación dirigiéndose al INPE. Es un trámite que podría demorar dos días”, dijo Parco.
Otro argumento es que esta sentencia viola los derechos de las víctimas del terrorismo, pero nada más falso. Lo que los detractores de Fujimori olvidan es que “El Chino” fue quien puso mano dura, combatió y capturó a los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA que habían iniciado una ola de violencia desde 1980. En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) atribuye a Sendero Luminoso ser causante de la mayor cantidad de crímenes y masacres durante el período de violencia terrorista en el Perú (https://www.cverdad.org.pe/ifinal/).
Además, debemos señalar que el congresista de la organización política Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique, parlamentario, se pronunció al conocer la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) quien otorgó la liberación a Alberto Fujimori.
El vocero de la organización política Renovación Popular no dudó en rechazar dicha opinión y señaló que se debería evaluar retirar al Perú del órgano principal y autónomo. En esa misma línea, el congresal Jorge Carlos Montoya Manrique argumentó que la institución apaña a quienes realmente cometen abusos y excesos contra los derechos humanos.
“La CIDH se ha convertido hace muchos años en apañadores de los que realmente cometen los abusos y excesos a los derechos humanos. Por eso mismo tratan de implantar una posición contraria contra los que combatieron frontalmente al terrorismo desolador. Es inminente que se evalúe retirarnos de un organismo que lo único que hace es defender a los verdaderos culpables”, escribió el congresal mediante sus redes sociales.
