Política
El blindaje de la impunidad: Congreso archiva denuncia contra Patricia Benavides
La fiscal de la Nación Delia Espinoza denunció a Patricia Benavides por presuntamente encabezar una ‘red criminal’ y cometer presunto cohecho, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Sin embargo, el Congreso fue claro: cuando se trata de blindar a los ‘suyos’, no hay crimen ni evidencia que importe.
En un acto que evidencia el deterioro institucional y el uso político de los órganos de control, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso (APP), archivó la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, acusada de liderar una ‘Organización Criminal’ dentro del Ministerio Público.
La decisión se impuso con siete votos en contra del informe de calificación —que recomendaba admitir a trámite la denuncia—, seis a favor y dos abstenciones. Así, el caso fue cerrado de forma inmediata y definitiva. Lo escandaloso no termina ahí: el documento fue incluido en la agenda sin previo debate ni coordinación, sorprendiendo incluso a los propios miembros de la subcomisión y dificultando un análisis serio y responsable.
Benavides Vargas, lejos de ser una figura menor en esta historia, es acusada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de delitos tan graves como organización criminal, cohecho, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Según Espinoza, la exfiscal habría manipulado investigaciones, removido y designado funcionarios a conveniencia, e interferido en procesos judiciales para favorecer intereses políticos y personales.
No obstante, el Congreso, en vísperas de la elección de una nueva Mesa Directiva y en un momento de baja vigilancia pública y bajo el paraguas de un Parlamento desacreditado, optó por blindar a Benavides Vargas. La SAC —única comisión activa en medio del receso parlamentario— actuó con premura y sin transparencia. Su presidenta, la apepista María Acuña Peralta, carga ahora con la responsabilidad política de haber convertido un órgano de control, en un muro de impunidad.
En una maniobra paralela que parece buscar desviar la atención, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció una investigación preliminar contra Delia Espinoza por presunta usurpación y abuso de poder. Esto, luego de que se negara a restituir a Patricia Benavides en su cargo, desoyendo una resolución de la JNJ. Según el comunicado oficial, Espinoza habría incurrido en “quebrantamiento de derechos y principios constitucionales”, entre ellos, negarse a recibir a Benavides Vargas, tras cinco horas de espera e instar a funcionarios del Ministerio Público a desconocer la orden.
El mensaje del Congreso es claro: cuando se trata de proteger a los suyos, no hay delito demasiado grave ni evidencia suficiente. La impunidad, al parecer, tiene fuero parlamentario.