Opinión
El asalto institucional que sacude los cimientos de la democracia en el Perú
Hoy, la toma de la Fiscalía de la Nación por Patricia Benavides, destituida en 2024, expone un golpe institucional que sacude los cimientos de la democracia peruana. Respaldada por una resolución cuestionada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y fuerzas de seguridad leales al régimen de Dina Boluarte. Benavides intenta recuperar su cargo, pese a que la JNJ solo podría restituirla como fiscal suprema, no como máxima autoridad. La fiscal titular, Delia Espinoza, se resiste, declarando que no reconocerá un cargo obtenido por la fuerza política.
Por Jorge Paredes Terry
Este acto es parte de un engranaje corrupto que involucra al Congreso, la JNJ y el Tribunal Constitucional (TC). El Congreso, controlado por fuerzas fujimoristas, cerronistas y acuñistas, eligió a los miembros de la JNJ, quienes, en un acto sin precedentes, emitieron una resolución sin unanimidad, usurpando competencias y violando la Ley de Procedimiento Administrativo. El TC, nombrado por el mismo Congreso, permanece en silencio cómplice, avalando el operativo al no pronunciarse sobre la demanda competencial que cuestiona los límites de la JNJ. Su inacción permite que Dina Boluarte, quien enfrenta acusaciones por graves delitos, elimine a su principal opositora, la fiscal Espinoza, reponiendo a Benavides, aliada política que en 2022 facilitó su ascenso al poder.
El asalto a la Fiscalía es un atropello constitucional. La JNJ sobrepasa sus límites, ignorando precedentes del Tribunal Constitucional que establecen que la nulidad de un proceso no restaura automáticamente cargos obtenidos por designación interna. La resolución de la JNJ además omitió pruebas clave, como el informe que demuestra la destitución ilegal de una fiscal para obstruir una investigación contra la hermana de Benavides, presuntamente vinculada al narcotráfico. Diversos Juristas califican la resolución como un título inválido para ejercer como fiscal de la Nación.
Este asalto es la culminación de una estrategia de cerco perfecto: el Fujimorismo y Cerronismo controlan el Congreso e instalan operadores; Boluarte busca inmunidad persiguiendo fiscales que la investigan; y el TC legitima el abuso con su silencio, allanando el camino a una dictadura técnico-legal. La ciudadanía asiste a la destrucción del Estado de Derecho. La JNJ, el TC y el Congreso han secuestrado la justicia para convertirla en un botín político. Hoy no solo la Fiscalía está bajo asalto, sino la democracia peruana misma. Es imperativo que la ciudadanía se levante y defienda la democracia antes de que sea demasiado tarde. El silencio es complicidad. La lucha por la justicia y la democracia requiere la participación activa de todos.