Ejecutivo anuncia que se preparan medidas para combatir el ingreso de migrantes que solo ingresan al país para delinquir

Alto a la ola delincuencial. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció ayer que en los próximos días el Poder Ejecutivo hará pública una serie de decisiones respecto a las medidas migratorias.

“Estamos estudiando informes de los sectores, entendemos que la principal obligación como Gobierno y el Estado es proteger la seguridad y vida de los ciudadanos peruanos, sin olvidar la seguridad y vida de aquellas personas que han ingresado legalmente al país y tienen derecho a la prestación de servicios públicos”, expresó en declaraciones a la prensa. 

Adelantó que se prepara un dispositivo intersectorial orientado a poner freno a los actos delictivos y enfocar de la manera más asertiva posible la seguridad ciudadana en el país.

El jefe del Gabinete Ministerial refirió que en el 2017 ingresaron al país casi 900 000 extranjeros. Al respecto, subrayó que cuando existe una apertura y política migratoria de esa naturaleza, el Estado tiene que estar preparado para la provisión de servicios públicos esenciales, lo cual, indicó, no ha ocurrido.

Asimismo, dijo que la mayoría de las personas que ingresaron al país han venido a contribuir de manera lícita, pero también existen los que han llegado para delinquir y cometer actos execrables, de los cuales hemos sido testigos en los últimos tiempos. 

El jefe del Gabinete Ministerial mencionó el caso del sereno de Surco baleado por un ciudadano venezolano, así como el asesinato del teniente alcalde de Santa Anita ocurrido anoche. A nombre del Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su solidaridad con los deudos.

Otárola Peñaranda enfatizó que es necesario saber quiénes y cuántos son los ciudadanos extranjeros en el país. Señaló que se estima que 300 000 a 400 000 personas han ingresado de manera ilegal a nuestro territorio.

“Vamos a legislar y regular claramente sobre este tema (migratorio)”, aseguró. 

El titular de la PCM reiteró que como Gobierno tienen la obligación de proteger la seguridad y vida de los peruanos. “Es una obligación de proteger la seguridad y vida de los peruanos. “Es una obligación constitucional y, como dije, vamos a tomar medidas inmediatas para garantizar esa seguridad e integridad de los peruanos”, ratificó.

Municipalidad de Miraflores fiscalizará a motorizados de delivery

De otro lado, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, anunció que el empadronamiento de conductores de motos delivery y el uso de GPS en sus vehículos serán requisitos obligatorios para las personas que quieran desarrollar esta actividad en su distrito.

Dijo que dicha decisión ya fue consensuada con los representantes de las principales empresas dedicadas a este rubro en reunión llevada a cabo con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).