Decir que no existe falta en la conducta de los ministros ante el repulsivo contralor Alarcón es estar ciego o imbécil; que haya o no haya delito o falta en un sentido administrativo es un tema que debe tratarse a posteriori.
Que el titular de la Contraloría no sólo sea inidóneo para el cargo, circunstancia que se ha hecho manifiesta hasta el hartazgo desde hace más de un mes, sino que, además, es uno de los especímenes “públicos” de las más hediondas características, no implica que los audios no demuestren una suerte de coacción cuya única finalidad es imponer la viabilidad de Chinchero, uno de los sucesos más nefastos para el país en mucho tiempo.
En una democracia ideal ni este contralor ni los ministros involucrados ni la mayoría de la fauna política actual tendría ni siquiera el último de los espacios, toda vez que no clasifican como políticos o estadistas, ni mucho menos como seres humanos nobles, brillantes y honestos.
Debe entenderse que una denuncia no depende de la categoría del denunciante. Así, que este sea un hombre digno o un granuja, no interesa, sino la concreción y rigurosidad de la misma, es decir, su sujeción a la realidad.
Que en este caso, una práctica montesinista arroje luz sobre las canalladas del régimen es una mera paradoja, lo importante es que tanto el contralor como los ministros involucrados no deberían haber entrado a la escena pública en ningún momento. Claro está que este criterio puede extenderse a toda la “clase” política peruana actual.
