Por Rafael Romero
Sabedores de las capacidades y preocupaciones del doctor Luis Alberto Quintanilla, líder de la pedagogía pública de la ciudad capital, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), a cuyo lado -según el organigrama de esta entidad pública- se encuentra el despacho de control institucional, resultaría oportuno que realice el seguimiento a un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la cuestionada UGEL 07.
¿Cuál es este caso que necesita el seguimiento del doctor Quintanilla y la DRELM? Se trata del Informe de Auditoría N° 002-2022-2-0984-SCE, referido a los “Contratos Administrativos de Servicios (CAS) suscritos con personas que presentaron documentaciones carentes de veracidad en la UGEL 07”.
Lamentablemente, la directora de esta UGEL, Gloria Saldaña Usco, solo tiene jefes “encargados” en el Órgano de Control Institucional, como fue el caso de la abogada Edy Cesarina Sánchez Arriola, quien al parecer no recibió toda la autonomía para que pueda desempeñarse de forma imparcial en un cargo cuya naturaleza así lo exige, por lo que después le sucedió el actual jefe, también “encargado”, Jorge Luis Cortez Jara, llevando este funcionario ya bastante tiempo en ese puesto sin mostrar resultados importantes, debiendo en todo caso, bajo la supervisión de la OCI de la DRELM, dar cuenta, por ejemplo, sobre la siguiente “recomendación” dirigida a la titular de la UGEL 07, Gloria Saldaña:
“Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos, de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 comprendido en los hechos irregulares durante el período 2018 y 2020 (cuando) la entidad contrató personal CAS que se encontraba inhabilitado, que además presentó documentación que no se ajusta a la verdad, para ejercer función pública, afectando la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de la administración pública (sic), así como de haberse pagado por labores no realizadas (S/ 6 333.33), ocasionando un perjuicio económico a la entidad”.
¿Qué ha hecho al respecto Jorge Luis Cortez Jara? No obstante, para información de la DRELM y de la CGR, el Informe de Auditoría N° 002-2022-2-0984-SCE, referido a los “Contratos Administrativos de Servicios (CAS) suscritos con personas que presentaron documentaciones carentes de veracidad en la UGEL 07”, solocomprende los años 2018 y 2020, mas no así enfrenta a una situación muy grave vinculada a los años posteriores 2022 y 2023, porque en ese período la UGEL 07 contrató por más de 674 órdenes de servicio.
Una fuente confiable refiere que gracias a la labor de la prensa y a las notas periodística sobre la UGEL 07, hubo temor entre sus funcionarios por lo que, entre el 2022, con 378 órdenes de servicio, y el 2023, con 296 órdenes de servicio, se evidenció que se redujeron drásticamente en un número de 78. Pero todas ellas merecen hoy una efectiva acción de control posterior y eso está en manos del contralor Nelson Shack.
Esa misma fuente sostiene que, al continuar la vigilancia ciudadana, dentro de la UGEL ya no se sienten seguros de “disparar alegremente más órdenes de servicio y se espera una reducción mayor para el presente año 2024, con lo cual se preservarán mejor los recursos públicos y el patrimonio del Estado”.
Sin embargo, el área de Asesoría Jurídica y la OCI de la UGEL 07, en la fecha, ¿qué podrían informar sobre el resultado final de la recomendación formulada a Gloria Saldaña con relación al Informe de Auditoría N° 002-2022-2-0984-SCE, referido a los “Contratos Administrativos de Servicios (CAS) suscritos con personas que presentaron documentaciones carentes de veracidad en la UGEL 07”?
Al respecto, señores de la DRELM, ¿hay sancionados o sigue reinando la impunidad?
