¿Dónde está el MINEDU? Docentes con títulos falsos y denuncias por delitos sexuales sin respuesta

Por Leonardo Serrano Zapata

Desde 2024, se ha hecho público el seguimiento a las más de 500 investigaciones contra docentes por presuntos casos de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) motivo por el cual el ministro de educación Morgan Niccolo Quero Gaime, en los próximos días tendrá que enfrentar una interpelación en el Congreso. También se recuerda que, en ese mismo año, la UGEL Ventanilla registró 147 casos de docentes y auxiliares con títulos fraudulentos, según el Informe de Control Específico N.° 008-2023-2-5570-SCE de la Contraloría General de la República. ¿Hasta cuándo permanecerá en silencio el Ministerio de Educación ante lo ocurrido en la UGEL Ventanilla, donde más de 140 personas ejercen la docencia con títulos falsos, sin que hasta ahora exista una respuesta firme, pública y sancionadora del sector?

En paralelo, la Contraloría mediante el INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 047-2024-2-0997-SCE también reveló que la UGEL IBIR Imaza contrató durante 2023 a docentes destituidos e inhabilitados.

Ante ello, cabe preguntar: ¿Qué medidas sancionadoras ha implementado el Minedu frente a estas graves irregularidades administrativas que vulneran los derechos de miles de estudiantes? ¿Se han determinado responsabilidades en la UGEL IBIR Imaza por la contratación de personas legalmente inhabilitadas para la función docente?

En el caso de Condorcanqui, el Minedu dispuso un equipo legal de apoyo a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD). Sin embargo, a un año de su implementación, siguen sin formalizarse las acusaciones contra algunos docentes investigados por presuntamente ejercer con títulos falsos.

Uno de los casos más alarmantes involucra a los esposos Teodoro Salvador Álvarez y Elsa Armas Cotrina, investigados por el presunto delito de falsedad documentaria, según las carpetas fiscales N.° 1206044500-2022-148-0 y N.° 1206034500-2024-171-0. Las denuncias presentadas ante la UGEL Condorcanqui han quedado sin resolución administrativa, presuntamente por prescripción, al haber transcurrido más de dos años sin trámite formal.

De acuerdo a la carpeta fiscal:

Elsa Armas Cotrina fue evaluada y nombrada en 2024 como docente de la modalidad EBA en la I.E. Nieva, a pesar de no contar con un título profesional registrado en SUNEDU.

La universidad cuyo nombre se asemeja al de la institución que habría emitido los títulos, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, informó a la UGEL Condorcanqui en noviembre de 2023 que no había expedido diploma alguno a nombre de la ciudadana. Aun así, la UGEL procedió con el nombramiento.

Por otra parte, el docente Teodoro Salvador Álvarez enfrentaría acusación formal por parte del Ministerio Público de Condorcanqui— por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad documentaria.

El docente, Teodoro Salvador Álvarez, fue contratado en el 2019 con un supuesto título otorgado por la Universidad Privada Los Ángeles, que nunca estuvo autorizada para prestar servicios de educación superior, según la Carta N.° 0831-2022-SUNEDU02-15-02. Señala que: “Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la institución denominada «Universidad Privada Los Ángeles» (en adelante, la ULA) no se encontraba, ni se encuentra autorizada para prestar el servicio educativo superior universitario”.

Es importante señalar que, de acuerdo con la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia N.º 424/2022, se estableció lo siguiente:

“En todo caso, de la revisión de autos se advierte que efectivamente la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote es una institución que habría venido prestando servicios educativos sin contar con la autorización de las autoridades competentes”.

Cabría cuestionar al ministro Morgan Quero Gaime: ¿Por qué no se ha desplegado un equipo legal similar al de Condorcanqui en la UGEL Imaza y UGEL Ventanilla, pese a la existencia de denuncias similares por delitos contra la libertad sexual y títulos falsos? ¿Por qué, pese a contar con evidencia administrativa y fiscal, no se ha aplicado ninguna medida preventiva contra los docentes involucrados en estos casos?

Resulta alarmante que mientras se habla de “meritocracia” desde el Ministerio de Educación, se permita el ejercicio docente a personas sin títulos válidos o bajo investigación por presuntos delitos graves. ¿De qué meritocracia hablamos si no se garantiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la Ley?

La Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944, establece una carrera docente basada en el mérito, además dispone medidas preventivas claras, entre ellas la separación temporal del cargo. No aplicarlas pone en riesgo la integridad física y emocional de los estudiantes, contraviniendo el principio del interés superior del niño y del adolescente. La meritocracia y la integridad no pueden ser solo discurso, es evidente el fracaso de la reforma magisterial en el Perú.