Distrito de Tingo en pie de lucha por entradas a Kuélap

El desarrollo de los pueblos de Amazonas ha sido postergado durante muchos años por el centralismo auspiciado por un Estado indiferente a la gente que vive en el interior del Perú, un centralismo no solamente nacional sino también regional.

La reforma constitucional de la descentralización que se dio en 2001 prometió romper ese centralismo y dar poder de decisión a los pueblos del interior sobre sus recursos, de modo que los puedan usar de la mejor manera posible para ayudarse a forjar su desarrollo, todo esto basado en el principio de subsidiariedad que reza que el nivel de gobierno más cercano a las personas, es el que mejor puede gestionar sus intereses.

Sin embargo, 23 años y 7 gobiernos después, la descentralización no se cumplió ni tampoco las promesas que con ella vinieron, sino que más bien el centralismo se ha agudizado, al punto que los alcaldes y gobernadores tienen que ir a rogar por recursos a los ministerios y son objeto de presiones de funcionarios de todos los niveles que piden dádivas y hasta “relojes” caros a cambio de otorgarles alguna transferencia para proyectos de agua, carreteras o colegios.

Y encima de todo ello, la decisión y manejo de los recursos locales de nuestros pueblos jamás se ha tenido, sino que todo se decide en Lima, por burócratas ignorantes de la realidad y la dinámica ambiental y social de nuestros territorios. El último ejemplo de esto ha sido la decisión del Gobierno Central, en particular del Ministerio de Cultura, de entregar la venta de las entradas de Kuélap a una empresa con sede en Lima.

El Ministerio de Cultura, que tanto apoyo prometió a los alcaldes de Amazonas para recuperar Kuélap y que con ello vuelvan a surgir los pequeños negocios y los miles de empleos que dependen del turismo, nos ha utilizado para favorecer al grupo Crédito que es el dueño de Joinnus.

El Ministerio solo mira a Kuélap como un “recurso económico”, más no como parte de la sociedad que necesita su recuperación y puesta en valor cultural. Al verse expuesto este negocio a espaldas del pueblo, la Ministra de Cultura pretendió maquillar las cosas indicando que las entradas físicas se vendan en Chachapoyas y en el Teleférico provisionalmente hasta cuando obtenga una nueva plataforma de venta de boletos, pero ello solo genera más exclusión hacia los cientos de negocios locales de familias que aún no se recuperan del golpe económico de la pandemia, y que tenían la esperanza de vender un servicio de transporte, un almuerzo, una artesanía a los visitantes a Kuélap, pero que ahora solo ven pasar a esos potenciales clientes. Más exclusión porque dichas entradas son ACAPARADAS por las empresas de turismo en desmedro de los ciudadanos de nuestros pueblos que quieren conocer nuestra cultura y ser parte de sus dinámicas económicas.

La exclusión se manifiesta en el hecho de que compran sus entradas en Chachapoyas, y nuestros pueblos son solamente “sitios de paso”, sin siquiera recibir algún tipo de beneficio que permita su inclusión y desarrollo local.

La “centralización” de la venta de entradas, también excluye a los pobladores de nuestra provincia de Luya y Amazonas, sobre todo a aquellas personas más vulnerables que quisieran conocer Kuélap, pero lamentablemente el no acceso o desconocimiento del manejo del Internet no les permite adquirir las entradas, la cual se le podría hacer más accesible si lo proporcionamos en nuestros pueblos. Por eso es necesario que un porcentaje de las entradas sea manejado por la población a través de sus municipalidades.

El tener acceso a los beneficios del aprovechamiento de un recurso cultural y turístico como Kuélap no es un favor de la ministra de Cultura ni de la presidenta, ni de ningún congresista, ni mucho menos de los burócratas del gobierno central. Es un derecho que los corresponde a las poblaciones locales por el hecho de haber preservado y contribuido al conocimiento de esos recursos históricamente, antes de que el Estado si quiera se fijara en ellos. Un derecho que además está reconocido en la Ley de bases de la descentralización, Ley 27783, y en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, que se expresa en la función de las municipalidades de promoción del Desarrollo Económico Local, la misma que se basa en el principio de subsidiariedad.

Por lo tanto, las municipalidades solas o en mancomunidad, tienen la autonomía legal para administrar los recursos culturales y turísticos de sus jurisdicciones. Sólo les falta en varios casos, los conocimientos técnicos para llevar a cabo los procesos de gestión, algo que sistemáticamente el gobierno central no ha querido hacer para tener una justificación y seguir manteniendo el control de esos recursos para hacer negocios a costa de la postergación de los pueblos.

Las municipalidades son también competentes para celebrar contratos de concesión bajo el marco del Decreto Legislativo 1362 y, de ese modo, permitir que las empresas privadas más capaces hagan una operación eficiente y sostenible de los recursos locales.

En suma, los pueblos del Perú exigen que se cumpla con la DESCENTRALIZACIÓN permitiendo que las municipalidades gestionen y concesionen sus recursos culturales y turísticos de sus jurisdicciones, con supervisión del Ministerio de Cultura, Mincetur, la UNESCO y otras entidades competentes, pero ellas, sin que se excluya a sus pequeños negocios y se deteriore el desarrollo y al empleo local.

En tal sentido, y en el marco de una descentralización efectiva, permítanos a que nuestras comunidades a través de sus municipalidades, puedan tener acceso a la venta de las entradas a nuestro principal monumento cultural y turístico, de esa manera se fortalecerá el desarrollo local y la inclusión de nuestros pueblos en las dinámicas sociales y económicas.

Así mismo exigimos los compromisos asumidos por la Presidenta de la Republica en su visita a nuestro distrito de fecha 16 de agosto del 2023 ya que dichos proyectos son muy necesarios para el desarrollo integral de nuestro Distrito.