Por Rafael Romero
En medio del escenario del desmoronamiento institucional, resulta chocante e injusto meter en el mismo saco el escándalo de las “Chibolinas” de la Corte superior de Justicia de Lima y de las cocineras Peralta de la Fiscalía junto a los desatinos de una cofradía impune en el Palacio de Torre Tagle, pero dada la gravedad de la situación es inevitable hacerlo.
La verdad monda y lironda nos dice que el caso del embajador José Betancourt Rivera, cuyo retiro se dio por Resolución Suprema N° 151-2024-RE, del 10 de setiembre del 2024, es absolutamente diferente al complot perpetrado el 2018 por altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en contra del diplomático Fortunato Quesada, quien entonces representaba al Estado peruano en Israel.
Sobre esos hechos se puede hacer un paralelo que ayude al gobierno nacional y a la Cancillería a matar sus fantasmas y poner las cosas en el lugar que les corresponde con el único provecho de alcanzar la justicia institucional y la integridad en la administración pública.
En primer lugar, el embajador Betancourt cometió hechos públicos reprochables según lo señaló la propia República Árabe de Egipto y por eso notificó el incidente al Perú; mientras que el embajador Quesada jamás ofendió ni agravió al país donde prestaba servicios diplomáticos, en Israel (Tel Aviv).
En segundo lugar, pese a que Egipto pidió el retiro del embajador Betancourt, el trato dado hoy por la Cancillería peruana a dicho funcionario es absolutamente laxo, benévolo y lento, pues hasta ahora no se le abre proceso administrativo ni se le ha traído al Perú; mientras que el trato practicado con el embajador Quesada fue diametralmente opuesto, al ser doloso, perverso, tramposo e indigno, con un proceso administrativo exprés y donde el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores fue parte de un complot.
En tercer lugar, mientras la alta burocracia del Estado tiene en torno al caso Betancourt a una presidenta como Dina Boluarte y a un canciller como Elmer Schialer, sucede que el embajador Quesada tuvo sobre su cabeza al Lagarto Vizcarra y al entonces canciller Néstor Popolizio, siendo este uno de los principales denunciados por el chef Jesús Alvarado, en el sentido de que, junto a José Boza, Pedro Rubín y Hugo de Zela, orquestaron una trampa para sacarlo del puesto de embajador en Israel.
En cuarto lugar, el caso del embajador Betancourt no ha sido abordado debidamente por la prensa pese a que resultó ser un escándalo porque dicho embajador maltrató a los funcionarios de Egipto, lo que disgustó al gobierno árabe y fue este el que se quejó ante el Perú. No obstante, en paralelo, el caso del embajador Quesada fue más estridente para la Cancillería porque un grupo de sus funcionarios estaba dedicado a complotar contra el citado diplomático, contando incluso con un programa dominical a través del cual condicionaron su destitución en menos de 10 días, consagrando así una venganza personal que por lo menos provenía de un desencuentro entre Ricardo Luna y Quesada acaecido en agosto del 2016.
Es decir, el complot lo hicieron a sabiendas de que todo iba a pasar de antemano con un escándalo mediático en el programa dominical Panorama. Como se puede apreciar estos dos casos son dignos de análisis y útiles para la nueva generación de diplomáticos que está en pleno estudio y formación académica. Ahora bien, sin ir muy lejos, a propósito del reciente tema del presidente de Argentina, se sabe que Milei ha cambiado personas en la Cancillería gaucha, y ha dejado en claro que la política exterior de un país debe alinearse con la visión y los objetivos del gobierno en funciones.
Pero, ¿qué pasa en Perú con los casos Betancourt y Quesada? Sencillamente el gobierno no tiene cuidado ni preocupación por mantener la coherencia entre ambas instancias de cara a sancionar cualquier ilegalidad, como esa de armar complots o de perdonarle la carrera a otros que encima no sólo generaron un desencuentro con Egipto, sino que el mal proceder de Betancourt también arrastró al Perú a no contar con él como embajador en el Reino Hachemita de Jordania y en la República Árabe Siria.
Es decir, la impunidad reinante en la Cancillería le genera al país un alto costo y una pésima imagen internacional. Por eso, a partir del paralelo entre el caso Betancourt y el caso Quesada, bien le conviene a la presidenta Boluarte y al canciller Schialer ordenar la casa para mantener un Ministerio de Relaciones Exteriores sólido, íntegro, confiable y ético. Esto implica también asegurar que las acciones diplomáticas reflejen valores y prioridades nacionales en el ámbito internacional.
Por eso la utilidad y pertinencia de analizar los casos Betancourt y Quesada puesto que, cuando hay falta de coherencia, se generan señales contradictorias, injusticias, impunidad y se debilitan, quiérase o no, las relaciones con otros Estados y la mala percepción del país en el mundo, pues así ocurrió al maltratar al embajador Quesada cuando él cumplía funciones en Israel.
Sin embargo, las cosas se presentan al revés en el caso Betancourt, en Egipto, pues allí no hubo ninguna víctima de una conspiración tejida y ordenada desde Lima con el objetivo de destituirlo de la carrera diplomática, sino que Betancourt se quemó solo al maltratar a los funcionarios egipcios, lastimando la imagen del país. Empero para la Cancillería eso resulta moco de pavo, pues solo dice bien gracias y buenas noches los pastores porque, pese al tiempo transcurrido, a Betancourt no lo han traído a Lima ni le han abierto proceso administrativo.
Malograr la imagen del país, y así lo acaba de reflejar Javier Milei, presidente de Argentina, es cometer acciones traicioneras al violentar la moral, los valores y los principios de la Cancillería (¿cómo Popolizio, De Zela y Rubín en Perú?). Así el presidente Milei apuntó contra la “casta diplomática” (Modino y sus colaboradores en la burocracia albiceleste) y dijo “estoy para echarlos a todos, son traidores a la patria. Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos y hacerles pagar”.
Además, Milei acusó a la “casta diplomática” de “vivir una vida parasitaria” y de ser “un conjunto de imbéciles que se creen que le pueden manejar la vida al resto”, dándole el encargo a su nuevo ministro Gerardo Werthein de hacer una purga en la Cancillería. ¿Dina Boluarte pediría algo similar en Perú? ¿La presidenta peruana es parte del problema o de la solución?
Pero aquí dejamos un dato histórico para el Perú. La Embajada de Egipto en Lima entregó una nota diplomática señalando que las autoridades egipcias, en la persona de su Canciller, agradecen el retiro del embajador José Betancourt. Este hecho es inédito en la diplomática peruana, toda vez que implica tácitamente una declaración de “persona non grata” respecto del funcionario Betancourt.
