La presidenta Dina Boluarte ha recompuesto su gabinete ministerial con ministros cuestionados en medio de una crisis política que aún no encuentra salida.
Su primer ministro Pedro Angulo, solo duró 11 días y Luis Alberto Otárola pasó de la cartera de Defensa, a liderar este segundo gabinete que ha vuelto a reciclar a algunos ministros, que a pesar de sus cuestionamientos han sido nombrados y ratificados.
Como es el caso de la ratificada ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte y que desde que fue designada nunca dio una explicación sobre las 6785 acciones que posee en la constructora AENZA, ex Graña y Montero… nuevo nombre de la empresa del club de la construcción que estuvo inmersa en actos de corrupción por el caso Lava Jato y que actualmente administra 4 peajes en nuestro país.
Asimismo, tanto la ratificada ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo —y su secretario general Luis Alfonso Zuazo Mantilla, tienen investigaciones en el Ministerio Público. En la ciudad de Tarapoto, la ingeniera Paredes del Castillo registra una denuncia por aprovechamiento indebido en el cargo; mientras que Zuazo Mantilla tiene denuncias por colusión en perjuicio del Estado.
El caso de la ratificada titular de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar no es la excepción.
De acuerdo a una denuncia presentada por el Consejero de Indecopi, Gino Román, la actual ministra sería parte de un grupo empresarial que tuvo momentos de auge durante los gobiernos de García, Humala y Kuczynski; pues estuvo casada con Ramesh Agrawal, gerente general de Prime Capital, empresa vinculada a Odebrecht.
El consejero de Indecopi, ya solicitó la renuncia inmediata de Hania Pérez de Cuéllar, argumentando que la empresa Prime Capital “ha realizado las estructuras financieras de los proyectos: Gasoducto Sur Peruano, Irrigación Olmos, Chavimochic y otros como la Petrolera UNNA de Graña y Montero”, proyectos que en la actualidad se siguen investigando en el Poder Judicial pues habrían sido ejecutados bajo la estela de la corrupción.
Por su parte, el nuevo ministro de Educación, ÓscarManuel Becerra, el 19 de febrero de 2014 fue sancionado disciplinariamente por el exministro de Educación Jaime Saavedra por actos contrarios a la ética pública, cuando se desempeñaba como miembro de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios por cometer omisión de funciones; eso sin contar que en las postrimerías del gobierno aprista cuando fue Jefe de Planificación de la USMP y director de DIGETE (la Dirección General de Tecnologías del Ministerio de Educación) estuvo involucrado en la compra de cientos de miles de laptops escolares que estuvieron sobrevaloradas y que sorpresivamente en marzo de 2014 se incendiaron en un gran almacén del Ministerio de Educación, destruyéndose así más de 40 mil OLPC (así le llamaban al Programa Una Laptop por Niño).
Por si fuera poco, la presidente Dina Boluarte ha reciclado a la exministra de Martín Vizcarra, Rocío Barrios y hace unos días la designó como secretaria general del Minam. Rocío Barrios Alvarado, es cuestionada por haber simulado falsas contrataciones y se encuentra procesada en el Ministerio Público por el presunto delito de peculado doloso.
Pero la designación más insólita ha sido la de la nueva ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Esta señora que ya fue directora de Patrimonio Cultural y Viceministra de Cultura en la era Vizcarra y Sagasti, tiene graves informes de Contraloría por flagrantes irregularidades durante su gestión anterior en el MINCUL, por no defender el patrimonio material y por favorecer a las empresas que sí destruían el patrimonio cultural. Además, Leslie Urteaga negó a Richard Swing, pero Lima Gris publicó un video donde aparece bailando con él en el auditorio del Ministerio de Cultura.
Sin duda, con esta designación se confirma que en el gobierno de Dina Boluarte, los vizcarristas y caviares han retornado al Ministerio de Cultura ¿Acaso volverán las repartijas de dinero a través de nuevas y onerosas ordenes de servicios?