Política
Dina Boluarte y las firmas falsas
¿Gobierna o delega ilegalmente el poder? ¿Quién asumió facultades presidenciales sin autorización expresa? Peritaje concluye que la presidenta Dina Boluarte no habría firmado decreto supremo tras someterse a cirugía estética.
Un peritaje grafotécnico revelado por el programa Cuarto Poder ha puesto en cuestión la legalidad y transparencia de la gestión de la presidenta Dina Boluarte. El informe pericial, de 66 páginas y fechado el 13 de junio pasado, elaborado por el perito Julio Alfredo Espejo Quevedo a solicitud de la Clínica Cabani, concluye que al menos dos firmas atribuidas a la mandataria —incluida la que aparece en un decreto supremo— no corresponderían a su puño gráfico.
«En forma y en características grafointrínsecas son disímiles, no son iguales», explicó el especialista pericial y añadió que ambas firmas, la del decreto y la de la carta del 3 de abril, habrían sido realizadas por la misma persona, distinta a la mandataria.
La gravedad del hallazgo es mayúscula. Una de las firmas apócrifas figura en el Decreto Supremo n.º 017-2023-SA, que modifica el manual de advertencias publicitarias, y habría sido suscrita mientras Boluarte Zegarra se encontraba hospitalizada, tras someterse a una cirugía estética. La otra firma aparece en una carta dirigida a la clínica el 3 de abril. En ambos casos, según el informe pericial, las rúbricas habrían sido realizadas por la misma persona, que no es la presidenta de la República.
¿Quién firmó entonces un decreto con fuerza de ley en nombre de Dina Boluarte? ¿Quién asumió facultades presidenciales sin autorización expresa, ni conocimiento público? La pregunta no solo pone en entredicho la legalidad de un acto gubernamental, sino que socava el ya frágil principio de transparencia que debería regir en el Ejecutivo.
El silencio del Gobierno ante este escándalo es ensordecedor. La respuesta institucional no puede limitarse a tecnicismos ni a desmentidos vagos. Si se confirma que Dina Boluarte no firmó el decreto, estaríamos ante un acto de usurpación de funciones, una falta gravísima en cualquier democracia.
La presidenta, ya desprestigiada por escándalos de corrupción, muertes impunes y un liderazgo erosionado, enfrenta ahora una denuncia que compromete no solo su credibilidad, sino la legalidad misma de su mandato presidencial. Si Dina Boluarte no firmó, alguien lo hizo por ella. Y el país tiene derecho a saber quién fue, por qué lo hizo, y con qué autorización.