La presidenta comer de todo menos ‘caviar’. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, promulgó este mediodía la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para endurecer la supervisión del financiamiento de la cooperación internacional que reciben las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y aplicar sanciones severas en escenarios cuestionables, como el uso del financiamiento para demandas contra el Estado Peruano.
En su discurso, Boluarte aseguró que la norma tiene como objetivo “garantizar la transparencia” y “asegurar que los recursos públicos o privados se utilicen con honestidad”.
“No se trata de control, se trata de claridad. No se trata de fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, dijo. Sin embargo, cerca al final de su exposición reconoció que esta nueva ley está dirigida a las ONG que considera “actúan en contra de los intereses del Estado”.
“Esta ley también velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país sembrando odio y atacando nuestro sistema. Organizaciones que no están comprometidas con el bienestar de la nación, sino que buscan desestabilizar y promover la división utilizando recursos de la cooperación internacional para avanzar su propia agenda ideológica”, alegó.
Incluso, en una parte de su discurso, Boluarte se dirigió a los congresistas presentes para remarcar que aprobaron una “ley valiente”. Los parlamentarios que asistieron al acto fueron José Cueto, María Acuña, Auristela Obando y Alejandro Aguinaga.
El rol de la Sunat y la APCI
La mandataria señaló que la APCI asumirá nuevas funciones para supervisar recursos no reembolsables y garantizar la transparencia.
La ley otorga a la APCI la responsabilidad de ejecutar la política nacional de cooperación técnica internacional y crear un registro público donde las ONG deberán inscribir sus planes, proyectos y gastos.
Además, faculta a la SUNAT a evaluar la creación de una unidad especializada para supervisar el cumplimiento de la norma.
