Política

Dina Boluarte pretende darle inmunidad al exministro de ‘carne de caballo’ con embajada en El Vaticano

El Gobierno protege con impunidad al exministro Julio Demartini, quien habría cometido graves delitos en contra de niños y que está seriamente investigado en Fiscalía. Y en lugar de que permanezca en el país para responder ante la justicia, pretenden obstaculizarla y se le premiará con un puesto diplomático.

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No cabe duda que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ya mostró su nula lucha contra la corrupción y su verdadera cara de pretender blindar y proteger a sus funcionarios que tienen problemas con la justicia por actos de corrupción; por lo que, el exministro de ‘carne de caballo’ Julio Demartini estaría a un paso de ser blindado y librado de las investigaciones por el caso ‘Qali Warma’.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Juan Burgos a través de un oficio, pidió con carácter de urgencia a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que tome cartas en el asunto de lo más pronto posible ante la eventual designación de Demartini como embajador de Perú en el Vaticano.

“De concretarse el nombramiento del señor Julio Demartini Montes como embajador del Perú ante la Santa Sede, se pondrían en riesgo las investigaciones en curso del Ministerio Público, ya que obtendría inmunidad diplomática conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961)», se lee en el documento enviado a Delia Espinoza.

El Gobierno de Dina Boluarte ha cubierto de inmunidad a Julio Demartini desde que fue ministro.

Dina Boluarte al designar a Demartini obstaculiza a la justicia.

Si la presidenta Dina Boluarte llega a concretar la designación del cuestionado Julio Demartini, quedaría demostrado que estaría obstruyendo a la justicia y alimentando a la impunidad, porque el exministro ya no podría ser procesado, investigado o ser detenido por parte de las autoridades de Perú mientras ocupe su cargo de diplomático. Y sus propiedades tampoco estarían sujetas a allanamientos, así como sus documentos, y sus comunicaciones tampoco podrían ser intervenidas sin el consentimiento del país receptor o del Estado peruano.

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