Dina Boluarte premia con ‘doble cargo’ a viceministro de Transportes investigado por presunta corrupción

Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra la corrupción, el gobierno de Dina Boluarte parece operar con una lógica opuesta. Una de sus decisiones más reveladoras es el respaldo que mantiene —y refuerza— a Ismael Sutta Soto, un funcionario cusqueño con un pesado historial de investigaciones fiscales y observaciones de la Contraloría, pero que hoy ostenta no uno, sino dos cargos clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Desde hace dos semanas, Sutta no solo continúa como viceministro de Transportes, cargo que asumió el 28 de junio del 2023, sino que también ha asumido el cargo interino de viceministro de Comunicaciones, desde el 30 de junio de este año. Un ascenso político a pesar de sus graves antecedentes, que genera preguntas incómodas sobre los verdaderos criterios del Ejecutivo para designar a sus altos funcionarios. ¿Por qué se le premia? ¿Qué lo hace intocable?

Su cercanía con el círculo presidencial es una explicación recurrente. Fuentes del sector sostienen que su permanencia responde a una cuota de poder que le garantiza protección política, incluso ante un rosario de acusaciones graves.

Ismael Sutta tiene cuatro carpetas fiscales activas en el Cusco, región donde fue regidor y gerente municipal. Entre los presuntos delitos que se le imputan figuran peculado, concusión, abuso de autoridad, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La más reciente data de febrero de 2025, cuando un ciudadano denunció haber pagado a alguien que se identificó como él para obtener una licencia de conducir, en un caso aún bajo investigación en la Fiscalía Anticorrupción.

Pero las observaciones no terminan ahí. Informes de la Contraloría atribuyen a Sutta Soto responsabilidades civiles y administrativas por irregularidades cometidas en la Municipalidad del Cusco, entre 2019 y 2022, que habrían ocasionado pérdidas por más de 700 mil soles al Estado. El caso más alarmante: la prescripción de miles de papeletas de tránsito sin justificación técnica, con un perjuicio de más de 620 mil soles para la comuna.

A pesar de este historial, teñido de presunta corrupción, el gobierno de Dina Boluarte, no solo lo mantiene en su cargo, sino que lo promociona. El mensaje es claro: la meritocracia y la transparencia son prescindibles cuando se trata de lealtades políticas. En el Perú de Boluarte, los cuestionados no son sancionados, se les asciende.