El gobierno de Dina Boluarte designó a Alfredo Ferrero Diez-Canseco embajador de Perú en Estados Unidos; sin embargo, este exfuncionario del Estado y que actualmente funge de analista político en algunos medios televisivos, es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada, por haber participado en el favorecimiento del Proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte a la compañía brasileña Odebrecht.
En aquel tiempo, en la adjudicación de dos tramos de la carretera IIRSA Norte por parte de Proinversión se otorgó, a pesar que Odebrecht estaba impedida de contratar con el Estado, por arrastrar procesos legales, según Contraloría. Sin embargo, el entonces Consejo Directivo, en el cual Ferrero era directivo, de todas formas, decidió dar la buena pro a la corrupta brasileña.
En el 2005, Alfredo Ferrero, hoy convertido en embajador en Estados Unidos, era ministro de Comercio Exterior en el régimen del preso Alejandro Toledo y fue con ese cargo, junto con el también procesado Pedro Pablo Kuczynski que facilitó que Odebrecht contrate por más de S/800 millones de soles con el Estado, para construir la Interoceánica Norte.
Poder Judicial ordenó embargo hasta por casi S/28 millones de soles contra Alfredo Ferrero
El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó el “embargo en forma de inscripción” ascendente a S/ 27′748.514,66, además de la orden de inhibición sobre “los derechos y acciones que le corresponden al investigado”, en relación con los bienes inmuebles que son propios.
“Embargo en forma de inscripción y orden de inhibición”, se lee en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
Esto contempla diversos inmuebles de propiedad de Ferrero, en Miraflores, San Isidro, La Molina, Pachacámac, Cañete, y hasta un palco suite en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes.
Al respecto, el abogado James Rodríguez explicó que la medida se da con el fin de que, si el propietario decide vender sus propiedades, “el comprador sea consciente de que está obligado a pagar el monto establecido por el juzgado. La finalidad que tiene es asegurar el pago de la reparación civil en caso de encontrarse responsabilidad en el procesado. Como ya está embargada la propiedad, la rematan para cobrar la reparación”, concluyó el penalista.
