Los buscados por la justicia Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo, y otros investigados, ahora se encuentran con orden de prisión preventiva luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial ordenara la limitación de sus libertades por un plazo de 36 meses. De acuerdo con la tesis fiscal, éstos habrían beneficiado al Consorcio Puente Tarata III con la licitación de S/ 232.5 millones.
“Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses presentado por la Fiscalía del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima”, dijo el juez Manuel Antonio Chuyo durante la lectura de sentencia, el martes 12 de abril.
De esta manera el juez Chuyo ha declarado fundado el pedido de la fiscal Karla Zecerrano, quien les imputa los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias como tipo penal alternativo y organización criminal en agravio del Estado.
Se explica en la resolución que es necesario imponer la prisión preventiva ya que no existe otra medida idónea para ellos. Cabe destacar que tanto Pacheco como los sobrinos del mandatario hasta el momento se encuentran como no habidos por la justicia, pese a contar con impedimento de salida del país. Por ello, esta sentencia será computada a partir de efectuada su detención: se dispuso que se orden su búsqueda y captura para su internamiento en un penal.
El último domingo, en el programa Punto Final, Bruno Pacheco afirmó desde la clandestinidad que recibe propuestas ilegales y presiones para declarar ante la fiscalía sobre el caso.
“No solamente recibo amenazas, también recibo ofertas. Hay personas que se acercan de repente a querer obligarme a hacer declaraciones”, expresó al programa.
Asimismo, esta prisión preventiva también recae sobre los investigados Zamir Villaverde, Luis Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida (ex director de Provías Descentralizado); y Edgar Vargas Mas, ex funcionario de dicha entidad.
Al final de la audiencia, los abogados de los siete investigados anunciaron que apelarán la medida. Los hechos se refieren a presuntos actos de corrupción para favorecer al Consorcio Puente Tarata III en una licitación para la construcción de un puente sobre el río Hualla (región San Martín), pese a que no cumplía con requisitos establecidos en las bases.
Cabe indicar que Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), adjudicó la obra a dicha compañía el 22 de octubre del 2021.