Política
Dictamen por prescripción de delitos de lesa humanidad ha generado controversia en sectores políticos
Propuesta de Fuerza Popular que fue aprobada en Comisión de Constitución con los votos de 7 de las 11 bancadas, pretende excluir a investigados por el delito de lesa humanidad antes de 2002.
Posiciones encontradas ha generado el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 1 de julio de 2002.
Aquel proceso legislativo ha generado polémica y posturas encontradas. Por un lado, sus detractores, generalmente actores sociales ligados a ONG, y grupos progresistas de tendencia izquierdista, han salido a protestar y sostienen que dicha ley genera impunidad para grupos paramilitares que se desempeñaron durante la dictadura de los noventas.
Y quienes respaldan la propuesta, entre los que se encuentran grupos politos conservadores de derecha y simpatizantes del fujimorismo, argumentan que el dictamen de la Comisión de Constitución solo precisa los alcances del Estatuto de Roma y del Convenio sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad.
Por su parte, el abogado constitucionalista Lucas Ghersi, opinó que el Estatuto de Roma contempla la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; sin embargo, Perú suscribió el documento con una reserva. Y eso significa que sus alcances se aplicarían a partir de su firma y no de manera retroactiva.
“(El dictamen) es un avance. El Perú suscribió la convención con una reserva, que se aplique hacia adelante, no hacia atrás, por lo que los delitos de lesa humanidad que se cometan después del 1 de julio de 2002 no van a prescribir. El problema es que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la reserva del Estado peruano. (…) Lo que ha hecho el Congreso es un poco aclarar el tema y decir que lo que vale es la reserva que firmó el Perú”, indicó.
En ese sentido Ghersi, añadió que aplicar figuras penales de manera retroactiva “es totalmente arbitrario”. “Un principio básico es el de la legalidad, uno no puede sancionar, menos a pena de cárcel, aplicando una figura que no existía cuando se cometió el delito”.
Por su parte, el abogado defensor de derechos humanos que pertenece a la ONG-IDL Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, advirtió que la propuesta buscaba dirigir la interpretación de los magistrados del Poder Judicial, respecto a la tipificación de los estándares del delito de lesa humanidad.
“En ese proyecto, el Congreso pretende archivar procesos judiciales y además plantea decirles a los jueces cómo resolver los asuntos y las causas judiciales que tienen en trámite o que tienen que sentenciar. Si eso no es una vulneración a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial, no sé qué más puede ser. Las disposiciones que contiene, son disposiciones abiertamente vejatorias de la Constitución” manifestó Rivera Paz.
El proyecto de ley presentado por Renovación Popular y el congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, contó además con los votos a favor de las bancadas de Alianza para el Progreso (representada por Eduardo Salhuana), Acción Popular, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú, y Unidad y Diálogo (pese a que esta bancada está a un paso de disolverse). Ahora, se encuentra a un paso de ser aplicado, quedando pendiente solo la votación en el Pleno.
Proyecto de ley presentado por Renovación Popular y el congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Composición Infobae.