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Detienen a gobernador de Puno por pertenecer presuntamente a una organización criminal
A Agustín Luque se le acusa de liderar la presunta organización conocida como ‘Los supremos del Altiplano’.
Otro gobernador regional involucrado en temas de corrupción. Esta vez, el gobernador Regional de Puno, Agustín Luque Chayña, fue intervenido por personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) en colaboración con la Fiscalía.
Luque Chayña y otras cinco personas (entre funcionarios del gobierno regional y servidores públicos) fueron detenidas en el operativo por presuntamente formar parte de la organización criminal ‘Los supremos del Altiplano’, ellos son acusados por delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
A Luque Chayña se le atribuye haber concertado con el Consorcio Hospitalario Manuel Nuñez, representado por el ciudadano extranjero Chen Junkun, un acuerdo formal por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades, superiores a los 500,000 soles, aplicadas al consorcio respecto de la obra que se le había encargado, causando de esa forma un perjuicio patrimonial al Estado.
Las primeras investigaciones fiscales señalan que el gobernador regional habría acordado con el representante del consorcio la anulación de la carta a través de la cual se le comunicaba la aplicación de las penalidades, y que este acuerdo se habría logrado con el jefe de asesoría legal del gobierno regional, John Martínez Molina como representante del gobierno regional.
La conciliación extrajudicial se habría realizado en el Centro de Conciliación “Mediar Puno”, habría sido elaborada por la conciliadora extrajudicial Liliana Larico Bermejo y la legalidad del documento habría sido verificada por el abogado Hans Larico Apaza, todos ellos también imputados por los mismos delitos.
Además, la investigación presume que el acta de conciliación carecería de las formalidades establecidas en la ley y habría sido celebrada por el jefe de asesoría legal del gobierno regional con una delegación de facultades otorgada por el presidente regional, también de manera irregular.
La medida coercitiva, solicitada por el fiscal provincial, William Otazú Pinto, incluyó el allanamiento de varias sedes del gobierno regional.