El antropólogo José Joaquín Narváez Luna es uno de los autores que ha investigado y documentado el “arrasamiento” de zonas arqueológicas en Lima a lo largo del siglo XX en su estudio titulado “La destrucción del patrimonio arqueológico en el valle del Rímac-Perú”, publicado en https://equiponaya.com.ar/congreso/ponencia3-3.htm
“En el valle bajo del río Rímac, donde ahora se encuentra ubicada la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, se dio en tiempos prehispánicos una larga y compleja sucesión de ocupaciones humanas que dejaron las evidencias de su presencia en los numerosos sitios arqueológicos que se encuentran ahora dentro del casco urbano de la moderna ciudad. Sin embargo, tan valioso patrimonio arqueológico ha venido siendo destruido desde el arribo mismo de los españoles, durante toda la Colonia y comienzos de la República por obra de las grandes haciendas que se distribuían en el valle. Pero será en el siglo XX cuando ocurrirán los peores destrozos debido a la expansión urbana moderna de la ciudad, especialmente a partir de la década del 40”, afirma.
Anota que la apariencia del valle bajo del Rímac en la actualidad es radicalmente distinto a la que tenía hace sólo 50 años. “El crecimiento explosivo poblacional de la ciudad se puede ver en cifras: según el censo de 1940, Lima albergaba a 645,172 habitantes; en 1961 la cifra se triplicó a 1’652,000 habitantes, en 1972 se quintuplicó a 3’302,523, en 1981 el volumen fue siete veces mayor, 4’492,260 (Matos Mar 1988: 72). El censo de 1993 arrojó nada menos que 5’706,127 personas. Esta expansión de Lima desde su núcleo original arrasó a su paso muchos monumentos arqueológicos que se erigían en el valle bajo del Rímac”, explica.
Narváez Luna plantea que fueron cinco formas de destrucción de los monumentos arqueológicos del valle de Lima de los últimos 50 años: destrucción por urbanizadoras (especialmente entre las décadas del 40 y el 60); destrucción por el estado y municipios (al construirse obras de carácter público); por invasiones, y al reconstruirse sitios arqueológicos para habilitarlos al turismo.
En cuanto a la “voracidad” de las urbanizadoras, el caso más representativo es el de Huaca Pucllana, pirámide de 30 metros de altura ubicada en Miraflores y perteneciente al Intermedio Temprano-Horizonte Medio 1 y a la cultura Lima o Maranga.
“Pucllana sufrió daños desde la Colonia al ser huaqueada y utilizada como atalaya para el avistaje de piratas. En 1854 sirvió de parapeto durante la batalla de La Palma entre Rufino Echenique y Ramón Castilla quienes se disputaban el poder y durante la batalla de Miraflores entre los ejércitos peruano y chileno durante la Guerra del Pacífico en 1883 (Ravines, 1985:74)”, afirma. Sin embargo, escribe Narváez, los mayores destrozos ocurrieron cuando la Compañía Urbanizadora Surquillo lotizó completamente el sitio y lo vendió en parte entre 1930 y 1965 al amparo de resoluciones del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Con grandes maquinarias demolieron amplios sectores de la parte baja del monumento, destruyendo plataformas, plazas, recintos, etc. La enérgica intervención del Patronato Nacional de Arqueología pudo detener los destrozos aunque gran parte del sitio había quedado afectado. Abandonada por mucho tiempo, en 1982 por iniciativa de la Municipalidad de Miraflores se inició la recuperación del monumento con extensas excavaciones a cargo de la Dra. Isabel Flores Espinoza, quien ha dedicado toda una vida al estudio y rescate y fue directora del Museo de Sitio hasta el año 2020 realizando importantes trabajos de investigación. Actualmente, Pucllana es buen ejemplo de conservación y puesta en valor de un sitio arqueológico.
Si bien Pucllana, a pesar de los grandes destrozos, pudo salvarse, otros monumentos arqueológicos no tuvieron mejor suerte. Según un estudio que Narváez efectuó en 1994, “sólo se conserva el 27% de los monumentos arqueológicos existentes en 1944 en los distritos de Lima (Industrial), Breña, San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena del Mar”. Otro caso ocurrió en 1943, año en que se demolió la pequeña huaca llamada San Isidro, situada entre la Huaca Pan de Azúcar y el Golf de San Isidro, a solicitud de la sucesión Luisa Paz Soldán de Moreyra (Ravines, 1985: 74).
En cuanto a la destrucción por el Estado y municipios, está el caso de la destrucción de la Huaca Concha durante la remodelación del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, las invasiones y asentamientos humanos modernos en zonas arqueológicas se han dado por ejemplo en Armatambo (cerca al Morro Solar en Chorrillos), Cerro La Regla y Garagay (San Martín de Porres), Pampa de Cueva (Independencia), Canto Chico y El Sauce (San Juan de Lurigancho), Huaquerones (Ate-Vitarte), Villa el Salvador y El Ferroviario (Villa el Salvador), etc.
Este tema lleva a Narváez a una reflexión final: “¿Por qué en un país donde el discurso oficial, desde la fundación de la República enaltece el pasado prehispánico y la riqueza de su Patrimonio Arqueológico, ocurren tan masiva destrucción de dicho Patrimonio? Más aún, ¿Por qué si existe desde la Independencia una serie de leyes que protegen el Patrimonio Arqueológico y normas legales que sancionan a los destructores en la práctica en muy pocas ocasiones se sanciona a tales destructores y en cambio la mayoría de los casos quedan en la más completa impunidad? Da la impresión de haber por un lado un discurso oficial, que es compartido en mayor o menor grado por los miembros de la nación, y por otro lado un comportamiento radicalmente distinto. Y es que la nación ha hecho un uso oportunista del Patrimonio Arqueológico Nacional. Es muy útil cuando se trata de reforzar en algún momento los sentimientos de nacionalidad, de regionalismo y de identificación y unidad nacional, si así el momento político lo requería. Pero no se titubeó en destruirlo cuando se interponía en las grandes obras públicas y privadas o en las obras de carácter electoral, sea por parte del gobierno central o los gobiernos locales”.
El problema que surge para Narváez es que se dieron nuevas leyes que legitiman la destrucción del patrimonio, por ejemplo los Decretos Supremos Nº 028-97-PCM y el 017-98-PCM, que pretenden regularizar la situación de las poblaciones que ocupan zonas arqueológicas para darles títulos de propiedad; asimismo la ley Nº 26961, “Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística” en la cual se entiende a los sitios arqueológicos como “Zonas de Potencial Turístico” y ya no como Patrimonio Cultural considerándosele solamente como un mero producto económico, y el Decreto Supremo Nº 008-98-AG “con la cual se transfieren terrenos eriazos al Sector Privado para desarrollo agrícola, así contengan sitios arqueológicos, frente a los cual el INC sólo tendría quince días para pronunciarse sustentado su posición con planos perimétricos, memorias descriptivas y ubicación de coordenadas UTM, cuando en la mayoría de los casos no existen dicha información para los sitios conocidos y menos aún para los sitios desconocidos, y que evidentemente se encuentran en zonas eriazas”.
(*) Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).
