Desaparecen procesadores de PC dentro del PJ valorizados en casi medio millón de soles [VIDEO]

Robo en las propias narices del Poder Judicial (PJ). Trabajadores que supuestamente se encargan de combatir la delincuencia estarían implicados en un robo sistemático de 173 procesadores de computadora adquiridos por el PJ. Todos los implicados no habrían trabajado solos, pues se trataría de una organización criminal donde se le facilitó las cámaras de vigilancia.

Las computadoras, adquiridas con un presupuesto de 1.3 millones de soles durante la gestión del ex presidente Javier Arévalo, estaban almacenadas en la sede central de la institución en el jirón Carabaya, frente a la Plaza San Martín, y fueron desmanteladas entre enero y noviembre del año pasado.

Un informe del dominical Panorama detalla que las computadoras fueron llevadas primero al almacén 401 del Poder Judicial para luego ser trasladadas al almacén 302 del mismo edificio. Allí, permanecieron por 11 meses antes de ser distribuidas. Se presume que, durante este periodo, una organización criminal habría manipulado los componentes y extraído a placer las piezas en cuestión.

El caso salió a la luz cuando, al distribuirse los equipos a la Corte Superior de Lima Este, el personal notó que no funcionaban. Según investigaciones periodísticas, los procesadores, el componente más valioso y considerado el “cerebro” de las computadoras, habían sido extraídos manualmente.

En algunos casos, fueron reemplazados por piezas obsoletas para ocultar el delito, una maniobra conocida como “cambiazo”. Este sofisticado esquema delictivo representa pérdidas económicas cercanas al medio millón de soles.

El recinto donde ocurrió el robo cuenta con estrictos controles de seguridad, incluidas cámaras de vigilancia y personal encargado de custodiar los bienes almacenados. Sin embargo, según la jefa del Gabinete del Poder Judicial, Susana Silva, “los momentos en los que se produjeron estos robos no han sido registrados por las cámaras de seguridad, lo que sugiere una posible manipulación”.

El modus operandi pone en evidencia una presunta infiltración de una mafia dentro de la institución, integrada posiblemente por trabajadores coludidos con redes delictivas externas. “No me extrañaría que la seguridad esté involucrada. Este tipo de delincuencia suele comprar a los responsables de la vigilancia para que volteen la cara”, mencionó César Anderson Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú.

Tras la denuncia periodística, el PJ anunció el inicio de una investigación para identificar y sancionar a los responsables.