La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero presentó una denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros de Salud, Víctor Zamora, y de Economía, María Antonieta Alva, por el delito de homicidio calificado, en agravio de los cientos de miles de fallecidos durante la pandemia de COVID-19 en Perú.
Inicialmente todos los protocolos sanitarios en el Minsa al principio de la pandemia en marzo del 2020, estaban fijados para poder utilizar pruebas moleculares, para detectar con efectividad el virus del Covid. Sin embargo, según Ampuero, la posterior adquisición de pruebas rápidas de antígenos, en reemplazo de las moleculares fueron ineficaces para un diagnóstico certero; a pesar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mediante informes oficiales anunciaron que las pruebas no servían.
Dichas compras durante el régimen de Vizcarra Cornejo, no solo significaron presuntos actos de corrupción, sino que además habría provocado la muerte de miles de compatriotas que confiaron en el gobierno y en sus métodos de supuesta prevención. Asimismo, la exprocuradora señala que esta conducta significó un caso de «dolo eventual», debido a que tanto el presidente y sus ministros, entre otras autoridades, conocían perfectamente los riesgos y decidieron asumirlos.
El escrito que primero había sido presentado ante el hoy exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, actualmente solicita la ampliación de la investigación preliminar bajo cargos que incluyen homicidio calificado, propagación de enfermedad peligrosa y violación de medidas sanitarias. Asimismo, Ampuero pidió revalorar el material probatorio ya existente, ya que este es suficiente para proceder penalmente.
«La pena podría oscilar entre 25 y 30 años de prisión si se confirman las responsabilidades», remarcó Ampuero, considerando la acumulación de delitos como homicidio y colusión. La exprocuradora advirtió que esta acusación busca esclarecer las responsabilidades de un mandato que, desde su perspectiva, no solo incurrió en corrupción, sino que atentó contra la vida de miles de peruanos.
Tras un archivo inicial del caso, que argumentaba insuficiencia de pruebas, la Fiscalía de la Nación reabrió la investigación preliminar contra Vizcarra Cornejo y sus ministros por un plazo de 120 días. Tras esta denuncia Katherine Ampuero concluyó que: “Los peruanos tienen derecho a conocer la verdad y a que ningún acto ilícito quede impune”.
