Las ONG, Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia contra la presidenta de la República Dina Boluarte por las muertes de 49 personas durante las protestas en su contra, en diciembre del 2022 e inicios del 2023.
Ambas organizaciones de derechos humanos se reunieron con la Fiscalía de la CPI con el fin de mostrar evidencia de que las muertes durante las protestas fueron asesinatos y se trataron de ataques sistemáticos y lo fundamentan con informes detallados, donde se especifican las causas de los decesos y los patrones de lesiones.
En esa línea, indicaron que los militares y policías hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, y atentaron contra «hombres jóvenes e indígenas» y concluyen que la represión del gobierno de Dina Boluarte debería constituir crímenes de lesa humanidad, conforme a lo establecido por el Estatuto de Roma.
Las ONG pidieron a la institución internacional que inicie una investigación para indicar sobre lo sucedido en el país, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Estas imputaciones no solo se basan en el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, sino también por informes realizados por las ONG, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Como se recuerda, el Gobierno de Dina Boluarte ha sostenido que los decesos se produjeron a causa de «manifestaciones violentas» que presuntamente buscaban pervertir el orden constitucional. Sin embargo, no es menos cierto, que gran grupo de violentitas atacaron activos críticos, e incluso quemaron y tomaron cinco aeropuertos en diversas regiones del país.
En el informe también se considera acciones del Gobierno que justifican las muertes de los protestantes, tal como la promoción de algunos militares que participaron en los eventos. Ante ello, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano indicó a Infobae:
«También hemos señalado cómo es que se han ido premiando a algunos militares que estuvieron involucrados en realizar acciones, han sido premiados con felicitaciones y gradurías militares. Todo eso abona una responsabilidad desde el alto cargo que es la presidencia de la República».
