Política

Denuncia Constitucional contra congresistas Jorge Flores Ancachi, Ilich López y Elizabeth Medina

Abogado Concha Carhuancho acusó constitucionalmente a los congresistas que viajaron a China por presunto conflicto de intereses.

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Una nueva denuncia recae sobre los congresistas que viajaron a China, según la denuncia Constitucional presentada por Miguel Ángel Concha Carhuancho, los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi, Ilich Lopez Ureña (Acción Popular) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial)  integrantes de la Comisión de Energía y Minas que cualmente esta presidida por Flores Ancachi,  habrían cometido un presunto conflicto de intereses junto a la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), conformada por la gigante asiática Huawei.

El abogado Miguel Ángel Concha, ingresó el 21 de julio pasado por Mesa de Partes del Congreso de la República una denuncia Constitucional contra los tres parlamentarios mencionados líneas arribas. En la acusación N.° 391/2021-2026 a la cual tuvimos acceso, se detalla que el congresista Roberto Kamiche presentó el Proyecto de Ley N.° 3662/2021-CR donde involucra a la Sociedad Peruana de Energías Renovables que es presidida por el señor Brendan Oviedo Doyle. Curiosamente, días después el congresista Kamiche anunció el retiro de la iniciativa legislativa. Sin embargo, hasta el día hoy continúa en agenda, según la denuncia el accionar del parlamentario Kamiche y los correos de la SPR que se fueron filtrados generó suspicacia debido a que estos proyectos de ley también involucran a la empresa china Huawei.

Denuncia constitucional.

En la documentación, el denunciante hace mención a los informes sobre el lobby eléctrico que hemos venido publicando en Lima Gris. Además, argumenta que en los cuatro proyectos legislativos presentados: 2139/2021-CR, 3662/2022-CR, 4565/2022-PE y 4748/2022-CR, se beneficiaría a la empresa china Huawei energética, ya que estos proyectos de ley fueron aprobados y firmados por los congresistas denunciados.

Miguel Concha Carhuancho, también agregó que el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas beneficia directamente a Huawei, la misma que habría contratado a la empresa mexicana DPL Group, para financiar los gastos de viaje a China, intentado ocultar el conflicto de intereses.

Según la denuncia Constitucional los delitos que habrían sido cometidos por los congresistas Jorge Flores Ancachi, Ilich López y Elizabeth Medina son: delito de cohecho pasivo propio tipificado en el artículo 393 del Código Penal. También el delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Este delito sanciona a quien, a cambio de un beneficio (monetario o no), ofrece interceder o influenciar, directa o indirectamente, ante un funcionario o servidor público que vaya a conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo.

Además, en la denuncia se lee: “Es evidente que los señores congresistas llich Fredy López Ureña, Jorge Luis Flores Ancachi y Elizabeth Sara Medina Hermosilla recibieron el viaje a la ciudad de Shanghái como donación por la aprobación de EL DICTAMEN para que posteriormente el Pleno del Congreso de la República la apruebe para convertirla en una ley que beneficiará a la empresa transnacional china Huawei en los próximos procedimientos de contratación pública. Por tanto, la conducta de ellos se subsume en el artículo 400 del Código Penal”.

Jorge Flores Ancachi

La participación del congresista puneño Jorge Flores Ancachi como presidente de la Comisión de Energía y Minas, habría sido clave para que se concrete la aprobación de los proyectos de ley que beneficiarían a la empresa china Huawei, quienes habrían usado como plataforma a la Sociedad Peruana de Energías Renovables. Esta es una denuncia más que se suma a las graves acusaciones y denuncias que tiene Flores Ancachi desde que llegó al Parlamento. Otra denuncia Constitucional contra el miembro de la bancada de Acción Popular, es la presentada por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, por el caso “Los Niños”. A esto se suma las recientes denuncias por mochar el sueldo a sus trabajadores y el impedimento de salida del país por ser declarado reo contumaz por el caso de los trabajadores fantasmas en Puno. Al final, la justicia tarda pero llega.

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