Delia Espinoza expresó su malestar por haber sido excluida de la mesa de trabajo sobre minería

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, expresó su “extrañeza y preocupación” por no haber sido considerada en la mesa de trabajo convocada por la presidenta Dina Boluarte para abordar el proceso de formalización minera, una problemática crítica que involucra no solo aspectos económicos, sino también legales y penales.

A través de un oficio dirigido a la jefa de Estado, Espinoza Valenzuela cuestionó que el Ministerio Público haya sido marginado de una reunión de alto nivel en la que sí fueron invitados representantes de los tres poderes del Estado, incluyendo la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. En contraste, su institución —clave en la lucha contra delitos asociados a la minería ilegal, como el crimen organizado y el lavado de activos— no fue tomada en cuenta.

“Preocupa y causa extrañeza que no se haya convocado al Ministerio Público”, enfatizó la fiscal de la Nación.

La jornada, anunciada de forma sorpresiva por Boluarte Zegarra el domingo por la noche, se realizó este lunes con la participación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; así como representantes de gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. También asistió el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paul Gutiérrez.

Sin embargo, el Ministerio Público no fue convocado oficialmente, ni se cursó invitación alguna a un representante. Así lo confirmaron fuentes fiscales. Frente a ello, Delia Espinoza recordó que su institución forma parte de la Comisión Multisectorial de seguimiento a la formalización minera y erradicación de la minería ilegal, lo que refuerza su participación activa y constante en estos temas.

En su carta, Espinoza remarcó que dejar fuera al Ministerio Público representa un riesgo para la eficacia y legitimidad de las políticas que se pretendan formular, ya que la formalización minera no solo implica regulación técnica o económica, sino que está íntimamente ligada a delitos graves como la trata de personas, el tráfico de insumos químicos, corrupción y lavado de dinero.

“Cualquier proceso de formalización debe estar sustentado en la legalidad y en la defensa del Estado de derecho. La presencia del Ministerio Público es coherente y necesaria”, escribió la fiscal de la Nación.

Defensor del Pueblo minimiza rol del Ministerio Público

Consultado sobre esta exclusión, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, minimizó la necesidad de que la Fiscalía participe en el encuentro. “¿Qué tendría que hacer ahí el Ministerio Público? Nada”, declaró, alegando que la convocatoria se limitó a los tres poderes del Estado, y que la Fiscalía no forma parte de ese esquema.

Sin embargo, esta afirmación contrasta con la invitación cursada a la presidenta del Poder Judicial, que, al igual que la Fiscalía, tampoco es un poder del Estado en el sentido estricto, sino un órgano autónomo del sistema de justicia.

Salhuana pide que se incluya a la Fiscalía

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, consideró necesario que la fiscal de la Nación se incorpore al diálogo. Aunque recordó que Espinoza ha rechazado en el pasado algunas invitaciones del Legislativo, reconoció que su rol es fundamental en este tipo de debates.

“La fiscal de la Nación también tiene que poner de su parte. Pero creo que su participación en esta mesa es importante. Exhorto al Ejecutivo a que se le invite para que participemos todos”, declaró.

¿Una omisión deliberada o una descoordinación institucional?

La falta de invitación a Delia Espinoza —justificada por algunos como una cuestión de formato— podría interpretarse también como una omisión deliberada en medio de un contexto político sensible. La Fiscalía es uno de los actores que investiga casos de minería ilegal, corrupción pública e incluso redes delictivas con nexos en el poder local y regional, precisamente en zonas mineras informales.

En un tema tan complejo como la formalización de la minería —con fuertes presiones gremiales, tensiones sociales y millonarios intereses de por medio—, la ausencia del Ministerio Público deja fuera al principal organismo encargado de perseguir el delito, justo cuando se pretende diseñar políticas que separen la informalidad de la ilegalidad.

Delia Espinoza ha dejado claro que quiere estar presente. Su mensaje no es solo un reclamo institucional, sino una advertencia sobre la necesidad de abordar el problema de la minería ilegal con todos los actores del sistema de justicia. Y en esa mesa, el componente penal no puede quedarse vacío.