Del Mincul al Midis: Ministra Leslie Urteaga recicla a cuestionados funcionarios

En un preocupante gesto de continuidad política y administrativa, la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga Peña, ha trasladado a su portafolio a dos funcionarios de su entorno más cercano durante su paso por el Ministerio de Cultura (Mincul), a pesar que ambos cargan con serios cuestionamientos.

Del Mincul al Midis: reciclaje de confianza

El primer funcionario reciclado es Willman Ardiles Alcázar. En un movimiento que buscó tal vez pasar desapercibido, Ardiles Alcázar fue primero designado como Coordinador Técnico del programa alimentario escolar ‘Wasi Mikuna’. Sin embargo, solo un mes después, el 12 de mayo de 2025, fue ascendido a Director Ejecutivo del mismo programa mediante la Resolución Ministerial N° D000137-2025-Midis. Esta designación fue firmada nada menos que por la ministra Urteaga Peña, quien premió así la “trayectoria” de su excolaborador.

Por su parte, Joanna Fischer Battistini, la segunda reciclada, también ha sido estratégicamente reubicada en el Midis. Primero ingresó como asesora de SERVIR en la Secretaría General, y luego, mediante la Resolución Ministerial N° D000118-2025-Midis, fue promovida por Urteaga Peña, a Jefa del Gabinete de Asesores del despacho ministerial. Un cargo clave, considerando su papel de confianza directa con la ministra.

Lo más alarmante es que no se trata de nombramientos neutros: ambos funcionarios han estado rodeados de escándalos y denuncias durante su paso por el aparato público, y Urteaga ha optado por traerlos de vuelta al ruedo, dándoles mayor poder.

Willman Ardiles y la impunidad en la Huaca La Mariposa

Durante la gestión del exministro de Cultura Alejandro Neyra, el 8 de junio del 2020, Willman Ardiles Alcázar fue promovido a Director General de la Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural, con el aval y respaldo de la entonces viceministra de Patrimonio Cultural, Leslie Urteaga Peña.

Este nombramiento no pasó desapercibido. Ardiles Alcázar fue parte de un escandaloso caso en Piura, donde su intervención como funcionario del Mincul terminó favoreciendo a intereses privados. En 2019, la Municipalidad Provincial de Sullana denunció ante el Ministerio de Cultura que funcionarios, entre ellos Ardiles Alcázar, actuaron para validar la construcción de una torre eléctrica dentro de la zona intangible de la Huaca La Mariposa y la Casa Hacienda Sojo. Esto pese a la existencia de planos de delimitación legalmente aprobados que declaraban inviolables dichas áreas arqueológicas.

Ardiles incluso viajó a la zona el 14 de mayo de 2019 para realizar una inspección ocular. Sin embargo, lejos de actuar en defensa del patrimonio, presentó planos sin valor legal para justificar la obra de la empresa Red de Energía del Perú (RED) y Negocios Metalúrgicos SAC (NEI/IECSA). Es decir, la inspección fue utilizada como instrumento de legitimación de una infracción, no para sancionarla.

El rol del entonces procurador del Mincul, Henmer Alva Neyra, también fue cuestionado. Todos estos funcionarios, según denuncias públicas, actuaron bajo la influencia de la entonces viceministra Leslie Urteaga, hoy ministra del Midis.

Prensa local como medios piuranos evidenció la gravedad de lo sucedido, mostrando fotografías de la visita de Ardiles y denunciando el atentado contra el patrimonio cultural. Pese a las denuncias, ninguno de los responsables fue sancionado. Por el contrario, hoy varios ocupan cargos más altos, como si su historial no pesara.

Joanna Fischer y el caso SENACE

Joanna Fischer Battistini tiene un historial igualmente cuestionado. El 19 de junio de 2024, Leslie Urteaga la designó como asesora de la Secretaría General en el Ministerio de Cultura, a través de la Resolución Ministerial N° 000239-2024-MC. Ya entonces, su nombre estaba manchado por denuncias serias relacionadas con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), donde se desempeñó como gerenta general.

Fischer Battistini tuvo que renunciar el 8 de noviembre de 2023, luego de que el programa «ATV Noticias» difundiera audios en los que se la escucha presionando a su equipo técnico para aprobar de manera exprés un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Compañía Minera Ares. La intención era acelerar la segunda modificación del EIA del proyecto minero Inmaculada, sin tomar en cuenta observaciones ambientales clave.

Días antes, la entonces viceministra de Gestión Ambiental, Giuliana Becerra Celis, ya había señalado irregularidades graves en el proceso. Becerra Celis renunció el 19 de octubre de 2023 por dignidad, denunciando presiones desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entonces dirigida por Alberto Otárola, y del propio Ministerio del Ambiente (Minam), entonces liderado por Albina Ruiz Ríos. En aquel tiempo, la extitular del Minam, Ruiz Ríos le increpaba a Becerra Celis que su trabajo incomodaba al sector Ambiente.

Varias semanas anteriores, Giuliana Becerra Celis reveló que estaba investigando posibles anomalías en la certificación ambiental del proyecto minero de Ares, avalado durante la administración de Joanna Fischer Battistini. Luego envió una carta al Congreso dirigida a su entonces presidente, el legislador Alejandro Soto, pidiendo que los hechos denunciados se esclarezcan por el bien del país, aclarando que el servicio público es para la nación y no para beneficios personales.

En la misma carta, Giuliana Becerra Celis le indicó al entonces titular del Parlamento, que la exministra del Ambiente Albina Ruiz se reunió con Joanna Fischer Battistini y con la entonces secretaria general del Minam—la cercana de Martín Vizcarra— Rocío Barrios Alvarado, justo antes que decidiera pedirle que renuncie. 

Asimismo, el 21 de octubre, también presentó su renuncia Nancy Chauca, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. Ambas coincidieron en denunciar que el servicio público no debía estar al servicio de intereses privados.

Se premia a los cuestionados

El denominador común en estos nombramientos no es la eficiencia técnica ni los méritos profesionales: es la cercanía con Leslie Urteaga Peña. Lo que desconcierta no es solo el reciclaje de figuras con antecedentes graves, sino la normalización de ese patrón de conducta dentro del Estado.

¿Puede una gestión de inclusión social funcionar con un equipo técnico ligado a escándalos relacionados con el patrimonio y el medio ambiente? ¿Puede el Midis liderar políticas en favor de los más vulnerables mientras se otorgan altos cargos a funcionarios que han sido señalados por favorecer intereses privados?

La estrategia de Leslie Urteaga parece clara: rodearse de su círculo de confianza, aún si ello significa arrastrar cuestionamientos previos y debilitar la institucionalidad de sectores sensibles. El Midis, por su naturaleza, requiere de transparencia, compromiso social y una ética intachable. Lamentablemente, las recientes designaciones van en dirección contraria.

Hasta la fecha ni la ministra Urteaga Peña ni los funcionarios designados han ofrecido una explicación pública sobre las razones de estos nombramientos. Tampoco se ha abierto alguna investigación o medida preventiva desde la Contraloría General de la República, pese a los antecedentes conocidos.