Le arruinaron los planes. Luego de que el juez constitucional John Paredes emitiera una resolución advirtiendo el incumplimiento de los principios de transparencia y participación, la Comisión especial del Congreso de la República acordó anular la actual comisión, dejando sin efecto todo lo actuado.
La decisión adoptada ayer, sin embargo, es distinta a lo que ordenaba el Poder Judicial. El juez John Javier Paredes Salas había planteado la suspensión del proceso mientras se resolvía una acción de amparo que tramitó el Sindicato de la Defensoría del Pueblo.
Fue el fujimorista Hernando Guerra quien lanzó una propuesta distinta: no acatar directamente el fallo, sino desactivar la comisión y empezar un proceso de nuevo, como una forma de dar un mensaje, en el sentido de que el Congreso toma sus propias decisiones.
“Podríamos resolver buscando una salida que el propio Congreso dé. No que nos den a nosotros y nos digan cómo se tienen que hacer las cosas”, comentó al formular su propuesta de empezar todo de cero.
Otras dos propuestas fueron descartadas en la sesión de ayer. Jorge Montoya, de Renovación Popular, planteaba continuar con el proceso y no acatar la resolución judicial. “Es algo vergonzoso”, dijo en referencia a la sugerencia de Guerra García.
El fujimorista respondió diciendo: “Creo tener la suficiente inteligencia emocional”, en clara alusión a Jorge Montoya.
Ya en la votación, la propuesta de Montoya de seguir adelante con la elección fue respaldada únicamente por Freddy Díaz Monago (APP). En el debate, Wilmar Elera (Somos Perú) también pretendió el desacato, pero luego retrocedió.
La otra propuesta era de Ruth Luque (Cambio Democrático), quien planteaba acatar la orden judicial y esperar la decisión final del Poder Judicial. Al final, retiró esta alternativa y votó a favor de anular todo el proceso para constituir una nueva comisión.
En buena cuenta, en el fondo, el Congreso ya está cumpliendo con acatar el fallo judicial, pues no solo suspendieron el proceso, sino lo anularon.
Por otro lado, en la acción de amparo, el sindicato defensorial ha pedido la nulidad del proceso para iniciar uno de nuevo. El Congreso ayer terminó por darle la razón a este gremio.
El proceso de elección que quedó truncado por falta de una correcta transparencia y participación ciudadana tenía como candidatos invitados a Julia Príncipe, Gastón Soto Vallenas, Víctor García Toma, Jorge Rioja Vallejos, Miguel Soria y Ricardo Velásquez. Las bancadas tendrán que decidir si los vuelven a invitar.
La intervención del Sindicato de la Defensoría y la orden del Poder Judicial dejó un sabor amargo en el Congreso. Tanto así que María Alva anunció al final una denuncia contra el juez constitucional supuestamente por prevaricato.
