Defensoría del Pueblo solicita una reevaluación a la designación del ministro Javier Arce en Agricultura

Con antecedentes. El propio titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Javier Arce Alvarado, ha reconocido que no incluyó información en su declaración jurada porque, según sus palabras, le hicieron llenarla “en 20 minutos”.

“Ha sido un error de mis abogados. Es una omisión administrativa, no es un delito. El día de hoy he presentado al premier el documento con la declaración jurada de acuerdo al reglamento […] En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de un u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que el día de hoy he presentado a la PCM”, expresó en declaraciones a RPP.

En el reportaje de Cuarto Poder, se mencionó que en 1997 un juzgado de Lima Norte envió a Arce Alvarado al penal San Jorge por el presunto delito de usurpación de funciones. El mismo ministro confirmó el hecho, pero según su testimonio esa fue una medida injusta.

A eso se suma que el ministro Arce cuenta con 20 denuncias fiscales en su contra: 5 en archivo y otras en dictamen o formalización

Del mismo modo, el titular del Midagri negó tener antecedentes penales o judiciales, aunque recordó que en el año 1996 fue denunciado por usurpación de funciones por un Juzgado de Lima Norte, acusación que finalmente fue archivada.

“Cierto, yo tengo el año 96 una sentencia absolutoria. Cuando tenía 26 años fui el teniente alcalde más joven del país, denuncié a un alcalde corrupto, un árabe, en el distrito de Santa Rosa. Me detuvieron 40 días por usurpación de funciones. Cuando salí, el Jurado Nacional de Elecciones me buscó para que yo asumiera la alcaldía y al final salió una resolución de absolución”, agregó en esa oportunidad.

Ese tipo de “errores” no fueron tomados como tales por la Defensoría del Pueblo que, a través de un comunicado de hoy miércoles 1 de junio, recomendó que el Gobierno debería de “reevaluar” la designación de Arce en ese ministerio.

“Esto se ve agravado debido a que el referido funcionario, en la declaración jurada exigida por la Ley N°31457 de forma previa a asumir el cargo ministerial, negó tener o haber tenido investigaciones fiscales y condenas en su contra”, resalta la Defensoría.

Esto puede ser considerado como un delito y una “grave afectación del principio de transparencia”, algo que atenta contra los valores que debe tener un ministro de Estado.

La Defensoría del Pueblo recordó que previamente, el 24 de mayo, envió un oficio a Aníbal Torres advirtiendo que Arce no contaba con la formación y experiencia específicas para liderar el sector, especialmente ante la crisis alimentaria que afectará a los más necesitados.

“Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros reevalúen la designación del referido funcionario y la pertinencia de mantenerlo en tan importante cargo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población”, concluyen.