La Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, al Presidente del Consejo Ministros y al Ministro del Interior los documentos técnicos que sustenten la anuncia declaratoria de emergencia para Lima y Callao.
La institución ha manifestado su preocupación por la creciente ola de extorsiones y sicariato en el país, pero ha subrayado que las medidas de excepción previamente dictadas no han tenido un impacto significativo en la reducción de estos delitos. Ejemplo de ello son los recientes estados de emergencia en diversas provincias, que no han logrado frenar el avance del crimen organizado ni de la delincuencia común.
“Para nuestra institución, la seguridad ciudadana constituye una línea prioritaria de intervención, toda vez que, si no es debidamente garantizada y protegida por el Estado conforme al mandato expreso que estipula el artículo 44 de la Constitución, se afecta y pone en riesgo el ejercicio de una serie de derechos de primer orden, como: a la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad, entre otros. Además, se debilita la institucionalidad, obstaculizando el progreso y el crecimiento socioeconómico de la nación”, indica el Defensor del Pueblo en su petitorio.
Asimismo, se reiteró la necesidad de una política de seguridad que priorice la prevención y protección de niños y adolescentes, en lugar de propuestas como la pena de muerte o la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años, medidas que fueron calificadas como «populistas».
Es así que la Defensoría ha solicitado la destitución inmediata de funcionarios corruptos en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, quienes han facilitado la infiltración de redes criminales en dichas instituciones.
Además, exhortó a los distintos poderes del Estado a trabajar de manera conjunta para implementar estrategias efectivas y sostenibles contra la delincuencia, tras múltiples tragedias que el país está sometido.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la unidad nacional para articular esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población.