El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez mostró su disconformidad con la designación de César Cervantes como Comandante General de la Policía y a través de la Defensoría del Pueblo le pide al gobierno que reponga en sus cargos a los 18 generales de la PNP que fueron pasados al retiro.
Por su parte, para el Colegio de Abogados de Lima, también se trasgredió la ley y en un reciente comunicado, señalan que la designación del nuevo Comandante General de la PNP, no se realizó en estricto cumplimiento del marco normativo.
Asimismo, el titular de la Defensoría señaló en una entrevista, que a la jefatura de la Policía no se le debe ver como un cargo político y ante la respuesta de Violeta Bermúdez, que afirmó que se encuentra sorprendida por el oficio que le enviaron desde la Defensoría, Gutiérrez explicó que no lo publicaron ni enviaron antes, porque estuvieron esperando que se diera el voto de confianza al nuevo gabinete.
“Esa insinuación afecta a una institución construida desde hace 27 años y no es exacto. La comunicación llegó por vía electrónica a las 11 de la mañana antes de que renuncie el ministro Aliaga, porque él renunció a las 5:00 p.m, pero en cualquier caso nosotros no hicimos público el documento antes, porque se debe tener en consideración el principio de previsión de consecuencias y teníamos el informe hace más de 10 días”, añadió Gutiérrez, en referencia, al documento (Oficio Nº 447-2020/DP) que envió el pasado 7 de diciembre a la premier Violeta Bermúdez, pidiendo la reposición de los generales defenestrados.
“La Defensoría del Pueblo comparte con el Poder Ejecutivo la necesidad de mejorar el servicio de la PNP (…) Sin embargo, consideramos que se ha realizado una interpretación incorrecta del artículo 8 del Decreto Legislativo nº 1267. Esto afecta la institucionalidad de dicho organismo, contraviene las reglas y estándares fijados por el Tribunal Constitucional y menoscaba los derechos fundamentales”. “Si bien el Ejecutivo ostenta la atribución de renovar los cuadros (…) tal poder solo puede ser ejercicio en el marco de lo previsto en la Constitución”.
En el tenor del texto, el Defensor del Pueblo también resalta un caso de renovación de altos oficiales de la PNP que fue analizado por el Tribunal Constitucional (Sentencia 00090-2004/TC), donde se impuso un límite expreso a la facultad del jefe de Estado en dicha materia, ante la necesidad de respetarse el debido proceso. “En las Resoluciones recientes de cambios en los altos mandos, no se advierte motivación alguna”.
Finalmente, en un programa radial comentó: “El oficio es producto de un análisis serio y riguroso de la constitución y de los estándares convencionales. El Tribunal Constitucional dijo que la renovación de los cuadros de la alta dirección de la Policía debe respetar el debido proceso, derecho a la igualdad y la reputación, por eso se pusieron límites expresos a la potestad que tiene el presidente para designar al titular de la Policía”.
