Declaratoria de emergencia, pero al gobierno de Dina Boluarte

Habría que ser bien caradura para solicitar un aumento de sueldo pese a los malos resultados. Si un técnico de fútbol pierde todos sus partidos no puede pedir que se le mejore su sueldo. Si un gerente manda a la quiebra su empresa no puede atreverse a ganar el doble. Como todos los cargos, siempre se exigirán resultados, y lo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Dina Boluarte, es desastroso, por decirlo de una manera educada.

Desde que se colocara la banda presidencial el 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte ha declarado al menos 32 estados de emergencia en distintas regiones del país. En teoría, durante un estado de emergencia, según el artículo 137 de nuestra Constitución Política, se suspenden ciertos derechos, como la libertad de reunión, de tránsito o la inviolabilidad de domicilio, sin embargo, son los propios lugareños quienes manifiestan que todo, absolutamente todo, continúa igual.

En pleno “estado de emergencia” ocurren asesinatos, extorsiones, detonaciones con dinamita, secuestros al paso, amenazas a pequeños negocios. Todo eso a escasos metros de una comisaría o un puesto de vigilancia.

Las medidas adoptadas por la mandataria y sus ministros de Defensa y del Interior ya rozan con la improvisación o la mera dejadez. Hace poco, Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, se fue a Colombia desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. ¿No que estaban realizando un “trabajo articulado”?

Cuesta mucho colegir que en verdad se viene trabajando de manera eficiente desde el Gobierno Central, sobre todo por los resultados que se vienen dando desde hace más de tres años. De los miles de detenidos solo uno o dos son verdaderos cabecillas de organizaciones criminales. Los demás fueron detenidos por violencia familiar, micro comercialización de drogas, o robo o hurto agravado.

La mandataria piensa que declarando estados de emergencia como por arte de magia la criminalidad va a desaparecer, pero si detrás de ello no hay una verdadera planificación todo seguirá con o sin declaratoria.

Un informe realizado por el diario Correo indica que desde el año 2022 se han declarado al menos 32 estados de emergencia a nivel nacional, siendo la provincia de Pataz, en La Libertad, con más declaratorias debido a la minería ilegal. Le siguen las regiones de Huancavelica, Amazonas, Lima y Callao en cantidad.

En dichas regiones no se ha visto un cambio positivo, al contrario, las bandas criminales vienen actuando con total impunidad, asesinando a diestra y siniestra a cuanto ciudadano se le cruce en su camino.

Cualquier experto en seguridad, con dos dedos de frente, concluye que no existen resultados en esa treintena de declaratorias. La presidenta, de tratarse de un trabajador más, ya estaría desempleada desde hace tiempo, por la sencilla razón de que no cumple con lo requerido: restablecer la paz en todo el país.