Cusco: La agonía de la UNSAAC

La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), esa vieja institución andina que alguna vez se jactó de formar élites intelectuales, hoy parece arrastrarse en medio de una decadencia que no es solo administrativa, sino moral. En el centro del derrumbe está Eleazar Crucinta Ugarte, su actual rector, cuya figura se ha convertido en el símbolo más evidente del desgaste institucional, la impunidad y el clientelismo.

El pasado 10 de mayo, nueve de los dieciocho decanos de la universidad —la mitad exacta de su gobierno— y más de setenta docentes se reunieron en un cónclave inusual, casi clandestino, para evaluar la gestión del rector. El ambiente no era académico ni protocolar: era de juicio. Las acusaciones no eran nuevas, pero el hartazgo sí. Presunta corrupción, nepotismo, manipulación de concursos, uso político de la universidad. La lista parecía una letanía recitada en voz baja por quienes aún creen que la UNSAAC puede ser rescatada.

Las investigaciones de Lima Gris revelaron lo que ya muchos sabían pero nadie se atrevía a denunciar con nombres y apellidos: el nombramiento irregular del asesor legal del rectorado, las contrataciones amañadas, el manejo discrecional del poder como si la universidad fuese un feudo personal. En la reunión, los decanos José Bejar Quispe (Derecho y Ciencias Políticas), Walter Kehuarucho Cárdenas (Física), y Francisco Medina (Ciencias Sociales) —estos dos últimos expulsados sin explicaciones del movimiento oficialista— levantaron la voz. A ellos se sumó la secretaria general del sindicato de docentes, completando un frente que, aunque no mayoritario, se muestra cada vez más sólido y articulado.

Lo que más irrita a los críticos del rector no es solo la presunta corrupción. Es su descarada ambición política. Crucinta, más que rector, actúa como candidato permanente: ya se habla de su campaña al gobierno regional de Cusco por las filas de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña y de mineros informales. Mientras tanto, en la universidad no existe un estatuto actualizado, los planes académicos están anquilosados, y los proyectos de investigación son una ficción burocrática. Han pasado más de veinte años sin una reforma de fondo, y su gestión solo ha profundizado la parálisis.

Frente a esta descomposición, los docentes decidieron formar un nuevo movimiento universitario para enfrentar lo que consideran una estrategia de continuismo encubierto. La figura del rector, sostenida hasta ahora por una red de lealtades frágiles, empieza a tambalear. La posibilidad de una renuncia anticipada ya no parece una ilusión ingenua sino un horizonte probable. Crucinta gobierna cada vez más solo, atrincherado, como un caudillo en retirada.

Pero la herida que sangra con más intensidad es la del nombramiento de docentes contratados. Obligado por sucesivas sentencias judiciales a cumplir la Ley 32171 —que exige concursos públicos meritocráticos— Crucinta organizó uno, sí, pero mutilado: eliminó el periodo de reclamaciones, distorsionó el cronograma y sembró el terreno para un nuevo proceso en noviembre, justo en la antesala electoral. Las sospechas son unánimes: usará ese concurso para premiar a sus allegados, asegurar su cuota de poder y convertir la universidad en su bastión político.

Esta manipulación, disfrazada de legalidad, desnuda lo que ya es inocultable: la UNSAAC se ha convertido en un botín. La ética ha sido suplantada por la conveniencia, la transparencia por la simulación, y el mérito por la obediencia.

La comunidad universitaria observa con mezcla de indignación y resignación. Como símbolo de esta tensión, se anuncia la celebración del Día del Padre en la sede de Kayra, organizada por la Facultad de Agronomía y Zootecnia, bajo la tutela del decano Walter Guillermo Vergara Abarca. Lo que debería ser una jornada de confraternidad se perfila como otro acto político encubierto, otra escena en esta larga tragicomedia que vive la universidad.

La UNSAAC está en una encrucijada. O se libera del lastre que la hunde o seguirá siendo el reflejo de un país donde las instituciones solo existen para proteger a quienes las secuestran.