Cuando las fiscales mandan más que la ley

La escena es insólita y vergonzosa: Patricia Benavides Vargas, aún sin haber retomado funciones formales en el Ministerio Público, recibe seguridad policial como si ya estuviera despachando en el cargo de fiscal de la Nación. El argumento para justificar semejante privilegio raya en el absurdo, porque fue la propia Benavides quien informó a la Policía Nacional que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la había repuesto con una resolución oficial. Y como si esto fuera suficiente, el Comando de Operaciones de la PNP actuó con “carácter de muy urgente” para brindarle resguardo, pese a que legal y formalmente no había retomado el cargo.

¿Desde cuándo una persona puede autoproclamarse repuesta en el cargo y obtener privilegios del Estado? Si aplicáramos ese mismo criterio, ¿tendría sentido que un presidente electo en abril, aún sin haber asumido el 28 de julio, ya cuente con seguridad del Estado solo porque él lo pidió? La lógica institucional se diluye y el principio de legalidad es pisoteado con absoluta impunidad.

La excusa posterior del Mininter fue aún más ridícula. No reconocieron a Benavides como fiscal de la Nación, sino que le brindaron protección “en calidad de titular del Ministerio Público”. Pero eso no solo es inexacto, sino jurídicamente inadmisible.

Patricia Benavides no tiene actualmente ninguna función activa en el Ministerio Público. Lo que sí tiene, como queda claro, es poder e influencia en sectores de la derecha política, mediática y judicial, que buscan desesperadamente reposicionarla en el cargo, no por sus méritos, sino para blindar intereses particulares.

Y del otro lado, como en un juego de espejos deformados y grotescos, está su “rival”, la fiscal del momento, Delia Espinoza Valenzuela, la que hace sus vigilias con velitas y que representa al bando caviar.

El país ha quedado atrapado en una lucha entre dos facciones que usan las instituciones como trincheras personales. Una pugna por el poder que arrastra a abogados, opinólogos y congresistas que pretenden convencernos de que lo que hacen es defender la ley, cuando en realidad se protegen entre ellos.

El Ministerio Público ya no es el garante de la legalidad. Es el campo de batalla donde se juega el futuro de investigaciones sensibles, donde se define quién es blindado y quién es perseguido. ¿Y el ciudadano? Atónito y confundido, sin saber realmente cuál de estas fiscales “favoritas” representa el verdadero interés nacional.

El país necesita una reforma urgente de sus instituciones. No podemos seguir tolerando que la legalidad se interprete según quién esté sentado en el sillón. O restablecemos el respeto al Estado de derecho, o seguiremos hundiéndonos en este lodazal de impunidad, donde el poder se convierte en el único objetivo, y la justicia en su principal víctima.