Política
Crisis en la Fiscalía: Patricia Benavides volvió al Ministerio Público
Tras ser restituida por la JNJ, la cuestionada exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ingresó a la sede del Ministerio Público en un intento por desalojar por la fuerza a la actual titular del cargo, Delia Espinoza, quien se resistió a salir de la oficina fiscal, por considerarlo un acto autoritario e irregular.
¿El regreso de la impunidad? La reincorporación de Patricia Benavides Vargas al Ministerio Público, tras haber sido suspendida en medio de graves cuestionamientos, es un reflejo preocupante de la fragilidad institucional del sistema judicial peruano. Benavides, exfiscal de la Nación, fue apartada en 2023 por presuntas implicancias en una red de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Su retorno, aunque legalmente posible por el vencimiento del plazo de suspensión, evidencia la falta de mecanismos firmes para sancionar conductas éticamente reprochables, aunque aún no judicializadas.
Lejos de representar una reivindicación, su reincorporación reaviva las tensiones internas del Ministerio Público y debilita la confianza ciudadana en la imparcialidad y transparencia de esta entidad. Además, proyecta la imagen de una justicia vulnerable a presiones políticas y blindajes institucionales.
En un contexto donde la lucha contra la corrupción debe ser prioridad, este episodio no solo empaña al Ministerio Público, sino que envía un mensaje alarmante sobre la impunidad y la ausencia de consecuencias efectivas para quienes ocupan cargos de poder.
Desde el entorno de la fiscal superior Delia Espinoza se denuncia que el intento de reincorporación de Patricia Benavides no solo carece de respaldo legal formal, sino que constituye un acto de imposición al margen de los cauces institucionales. La presencia de personal de seguridad civil durante el proceso ha sido percibida como una forma de presión irregular e indebida, incompatible con el respeto a la autonomía del Ministerio Público.
Benavides, suspendida previamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), notificó a Espinoza sobre la resolución que dejaba sin efecto su sanción temporal. En el mismo oficio, exigió que esta se abstuviera de continuar ejerciendo funciones propias del cargo de Fiscal de la Nación, advirtiendo que, de persistir, podría incurrir en faltas disciplinarias e incluso en ilícitos penales. El tono del documento y la forma en que se realizó la notificación han sido interpretados por diversas voces como un intento de intimidación institucional, más que un acto de restitución legítima.
Este episodio evidencia una preocupante pugna de poder al interior del Ministerio Público, y pone sobre la mesa serias dudas sobre el respeto al debido proceso, la legalidad de los procedimientos y la independencia funcional de los fiscales. Lejos de fortalecer la institucionalidad, la forma en que se ha intentado ejecutar la reincorporación de Benavides agrava la crisis de legitimidad en una de las entidades clave del sistema de justicia peruano.